Impunidad

A un año del trágico suceso ocurrido en el Jet Set, donde 236 personas perdieron la vida, la República Dominicana sigue cargando un dolor que no termina de asentarse. No se trata únicamente de una cifra devastadora, sino de historias truncadas, familias incompletas y una herida colectiva que permanece abierta en la conciencia nacional.

La violencia en Haití ha dejado al menos 5,519 muertos y 2,608 heridos entre marzo de 2025 y enero de 2026, según la ONU. Las pandillas, fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa son responsables de esta crisis, marcada por ejecuciones, violencia sexual y una alarmante impunidad en el país.

Servio Tulio Castaños Guzmán, de FINJUS, advirtió sobre la "crisis ética" en la democracia dominicana, destacando que la falta de transparencia y el clientelismo erosionan la confianza ciudadana. En un diplomado de notarios, enfatizó la importancia de la ética y el rol fundamental de los notarios en la legalidad y seguridad jurídica.

En su mensaje de fin de año, Pierre Manigault, presidente de la SIP, destaca que el periodismo en las Américas enfrenta una creciente asfixia económica y amenazas a la libertad de prensa. Resalta la importancia de la unidad entre medios y gobiernos para proteger el derecho a la información y fortalecer la democracia.

El presidente Luis Abinader reafirmó su política de tolerancia cero contra la corrupción tras hallazgos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que revelaron fraude. Ocho personas fueron arrestadas.

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRM), José Ignacio Paliza, reconoció que esa organización permitió el ingreso de personas vinculadas a actividades ilícitas, muchas procedentes de otras organizaciones políticas.

Participación Ciudadana (PC) advirtió sobre el enorme daño que sufriría la lucha contra la impunidad y la confianza en la Justicia, en caso de que tengan éxito los intentos por hacer extinguir los grandes casos de corrupción que cursan en el sistema judicial.

La AIRD y el MICM celebraron el Quinto Foro sobre Combate al Comercio Ilícito en República Dominicana, destacando avances en la lucha contra este fenómeno. El ministro Bisonó resaltó logros significativos, como la reducción de víctimas por alcohol adulterado y decomisos récord. Se firmó una declaración conjunta con Panamá para fortalecer la cooperación regional.

En República Dominicana, las muertes relacionadas con la policía, a menudo justificadas como "intercambios de disparos", han sido reveladas como ejecuciones extrajudiciales. El caso de La Barranquita, donde cinco murieron, llevó al arresto de 11 policías. Esto refleja una lucha por justicia y la necesidad de reformar la cultura policial.

El texto critica un proyecto de código penal que no refleja adecuadamente las necesidades del Estado social y democrático de derecho. Señala falencias en la tipificación de delitos, falta de atención a la corrupción y derechos humanos, y aboga por un código que contemple la historia punitiva y garantice igualdad y justicia.

El presidente Luis Abinader evitó comentar sobre las investigaciones de corrupción en Senasa, afirmando que el Ministerio Público debe actuar libremente. Reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública, subrayando que no habrá espacio para la complicidad ni la impunidad en su administración.

El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, reclama a la Procuradora General de la República y a la Ministra de Interior y Policía dictar las políticas públicas que sean necesarias para garantizar que cada caso de fallecimiento de una persona en alegados intercambios de disparos, sean minuciosamente investigados, como se anuncia ocurrirá con la muerte de cinco jóvenes en Santiago.

El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la transparencia y la integridad en la gestión pública, destacando que no tolerará la complicidad ni la impunidad. Anunció el envío de un informe sobre irregularidades en SeNaSa a la Procuraduría, enfatizando que todos deben rendir cuentas.

José Horacio Rodríguez, exdiputado y líder de Opción Democrática, afirmó que la recuperación de 3,000 millones de pesos del fraude de Maxy Montilla es resultado de la movilización ciudadana de la Marcha Verde. Subrayó la necesidad de investigar la corrupción actual y garantizar justicia imparcial para todos los funcionarios.