En República Dominicana, las muertes relacionadas con la policía, a menudo justificadas como "intercambios de disparos", han sido reveladas como ejecuciones extrajudiciales. El caso de La Barranquita, donde cinco murieron, llevó al arresto de 11 policías. Esto refleja una lucha por justicia y la necesidad de reformar la cultura policial.
Santo Domingo.- En República Dominicana, los llamados “intercambios de disparos” han sido por años la explicación oficial para un patrón de muertes ligadas a la actuación policial. Sin embargo, múltiples investigaciones periodísticas, denuncias de familiares y casos judiciales han revelado que muchas de estas muertes presentan características de ejecuciones extrajudiciales.
El 10 de septiembre de 2025, cinco personas murieron en un tiroteo ocurrido en La Barranquita, Santiago. La Policía Nacional lo describió como un enfrentamiento con supuestos delincuentes, pero familiares y vecinos insisten en que fue una masacre. La presión social obligó al Ministerio Público a abrir una investigación especial encabezada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso. Como resultado, 11 policías fueron arrestados, entre ellos oficiales de distintos rangos. Hoy enfrentan cargos por su presunta implicación en las muertes, en un proceso que busca sentar precedentes en la lucha contra los abusos policiales.
El caso de La Barranquita no es aislado. Desde décadas atrás, familias han denunciado ejecuciones disfrazadas de “intercambios de disparos”. El ejemplo de José Miguel Mateo Figuereo, abatido en 2011 y cuya muerte fue presentada como enfrentamiento, terminó con la condena de un agente policial tras años de lucha en los tribunales. Este y otros episodios reflejan una práctica recurrente donde la narrativa oficial choca con los testimonios ciudadanos.
Aunque la Policía ha defendido que se trata de acciones legítimas contra la criminalidad organizada, los registros y denuncias muestran que muchos de los abatidos no portaban armas o estaban bajo control al momento de morir.
La discusión sobre los ajusticiamientos policiales en República Dominicana pone en tensión dos realidades: el reclamo ciudadano por seguridad y la necesidad de que esta no se logre a costa de derechos fundamentales. Los recientes arrestos por el caso La Barranquita podrían marcar un punto de inflexión. Si bien la impunidad ha sido la norma, la actuación del Ministerio Público envía un mensaje de que la justicia puede alcanzar incluso a quienes actúan con el uniforme del Estado.
La búsqueda de justicia, sin embargo, no termina en un proceso judicial. Implica reformar la cultura institucional de la Policía Nacional, fortalecer los controles internos y garantizar que la seguridad no se imponga con sangre, sino con respeto al Estado de derecho.lc
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