derechos fundamentales

La Asociación de Mujeres Fiscales de la República Dominicana defiende a la procuradora Ayeisa Cedeño Richiez, destacando que el hacinamiento en el centro de retención no es culpa del Ministerio Público. Señalan que la situación es estructural y afecta todos los procesos penales, pidiendo un debate informado sobre las causas.

La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) presentó propuestas para modificar el nuevo Código Penal ante la Cámara de Diputados, buscando fortalecer la libertad de expresión y la seguridad jurídica. Las recomendaciones apuntan a equilibrar derechos fundamentales y protección del interés público, promoviendo un diálogo abierto en el proceso legislativo.

El senador Antonio Taveras Guzmán propone modificar el Código Penal para fortalecer la libertad de expresión y prensa, limitando la difamación a hechos falsos y eliminando penas de prisión. La iniciativa busca equilibrar la protección del honor con la libertad de crítica, evitando censura en medios de comunicación.

La DIDA advierte que tomará acciones legales si los centros privados de salud suspenden atención a afiliados de ARS por conflictos con estas. El director Elías Báez enfatiza que el acceso a servicios de salud es un derecho fundamental y que se deben resolver disputas sin afectar a los pacientes.

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) aplaudió la decisión de la Cámara de Diputados de abrir un periodo para recibir propuestas de modificación al Código Penal. Considera que esto fomenta el diálogo democrático y permite ajustar disposiciones que afectan derechos fundamentales, invitando a la participación ciudadana en el proceso.

La Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación Social (UNTC) rechaza cualquier iniciativa que restrinja la libertad de expresión y prensa en República Dominicana. Destacan la importancia de proteger estos derechos fundamentales, alertando sobre el riesgo de sanciones excesivas y autocensura, y piden un diálogo para equilibrar derechos y libertades.

El senador Antonio Taveras Guzmán propuso modificar la Ley 74-25 para fortalecer la libertad de expresión y proteger a los medios de comunicación. Las modificaciones incluyen eliminar penas de prisión por difamación, sancionar solo imputaciones falsas y evitar cierres de medios, buscando modernizar el marco jurídico dominicano.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por la exclusión de la libertad de expresión en la transición política de Venezuela, instando a medidas urgentes para garantizar un periodismo libre. Advirtió que sin prensa independiente, no habrá una recuperación democrática genuina y sostenible.

El Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia colaboran en iniciativas clave para modernizar el sistema judicial dominicano, incluyendo leyes para mejorar la eficiencia, simplificar procesos y eliminar tasas judiciales. El magistrado Henry Molina destacó avances en transparencia y digitalización, enfatizando la importancia de una justicia accesible y confiable.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional evaluará el 20 de enero los recursos de apelación contra la prisión preventiva de 18 meses del exdirector del Senasa y otros seis acusados de corrupción. Se argumenta que la decisión judicial carece de fundamentos legales y vulnera derechos fundamentales.

Un tribunal en Santo Domingo condenó a Franklin Santana a 20 años de prisión por la violación de una adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado ahogado en Boca Chica. La investigación se inició tras la denuncia de su hermana, revelando pruebas contundentes de acoso y amenazas por parte del acusado.

La Cámara de Diputados de Santo Domingo aprobó un proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regula el Sistema Nacional de Inteligencia. La propuesta, que regresará al Senado, busca establecer un marco legal para la seguridad del Estado, protegiendo derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Maxi Feliz, defensora de derechos neurodivergentes, denuncia la falta de asignación en el Presupuesto Ciudadano 2026 para la Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta omisión vulnera derechos fundamentales y afecta a miles de familias. Exige recursos claros y cumplimiento legal por parte del Estado.

La Fundación Finjus objetó el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, señalando conflictos con la Constitución y amenazas a derechos fundamentales. Criticó la facultad de acceder a datos personales sin autorización judicial y consideró desproporcionadas las sanciones por ocultar información.

La Cámara de Diputados de Santo Domingo aprobó en primera lectura un proyecto de ley para crear la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y regular el Sistema Nacional de Inteligencia, garantizando derechos fundamentales y libertades de prensa. Además, se aprobó un incentivo económico para médicos en zonas fronterizas.