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La sentencia fue dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de este distrito judicial contra el acusado Giancarlo Corso, quien fue hallado culpable de incurrir en los referidos delitos en perjuicio de la adolescente de 16 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.

El órgano acusador manifestó que rechaza la decisión porque existe contradicción e ilogicidad en la valoración que hizo el tribunal en cuanto a las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso en contra del acusado Rodgers Rodríguez.

El Ministerio Público informó que el imputado fue arrestado luego de una labor de inteligencia de varios meses.

La institución del sistema de justicia manifestó su rechazo a la decisión, al tiempo que dijo que el imputado no fue descargado por falta de pruebas, sino por una interpretación errónea del tribunal respecto a un elemento probatorio presentado por el Ministerio Público en contra del encartado.

La información fue divulgada en un comunicado de prensa por la Procuraduría General de la República (PGR), en el que explica que la deportación de este fugitivo se efectuó el pasado jueves 10 de octubre, en correspondencia al requerimiento del 2 de marzo de 2018, suscrito por la fiscal de Distrito del Condado de Midlan, Texas, Laura Nodolf.

La jueza Josefina Comprés acogió la solicitud de medidas de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), en contra de García, por presuntamente violar los artículos 24 de la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y 26 de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

Tras el ex funcionario admitir su culpabilidad y un acuerdo para un juicio penal abreviado, que dejó satisfechas a las víctimas, fue condenado a un año de prisión suspendida por acoso sexual contra 10 mujeres.

El MSP a través de la DIGEMAPS garantiza realizar las evaluaciones basadas en documentos aportados por las entidades antes de emitir una resolución.

Sólo el pasado sábado, unos cuatrocientos privados de libertad, agentes de vigilancia, personal penitenciario y enlaces comunitarios, se movilizaron por el territorio nacional, colocando más de 12 mil afiches.

Escucha planteamientos sobre principales problemáticas sociales que les afectan en el ámbito de competencia del Ministerio Público y acuerdan soluciones.

El Primer Tribunal Colegiado, conformado por las juezas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Yissel Naranjo, luego de acoger los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, dictaron la sentencia condenatoria al acusado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima.

El procurador Jean Rodríguez valoró esta nueva decisión a favor del Estado dominicano y dijo que es el resultado de los esfuerzos, el interés y la firme decisión de recuperar el patrimonio público.

La institución indicó que Berenice Reynoso ejercerá sus funciones en la Procuraduría Regional del Distrito Nacional, mientras que Diná Llaverías lo hará en la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y Liranzo en la Dirección General de Persecución del Ministerio Público desde Santiago.

Las fiscales Yeni Berenice Reynoso, Olga Diná Llaverías, Luisa Liranzo y Johanna Reyes, y otros fiscales titulares de varias jurisdicciones, fueron ascendidos a Procuradores Generales de Corte de Apelación, que es la posición de más alta jerarquía dentro de la carrera del Ministerio Público.

Más de 400 internos, agentes penitenciarios, personal administrativo de los centros de corrección y rehabilitación, y enlaces comunitarios estarán colocando afiches en distintos establecimientos del país.