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MP

05/07/2018@22:15:06
Institución resalta acción se enmarca en el compromiso asumido por la actual gestión para ofrecer la atención y protección necesaria a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La institución destacó que por el seguimiento que se le está dando a todos los casos para evitar la impunidad, han obtenido esta sentencia condenatoria a la pena máxima luego de haber ocurrido el asesinato hace alrededor de tres años.

La institución dijo que esta sentencia se obtiene como resultado de las acciones implementadas para enfrentar el crimen y la delincuencia, disponiendo de mayores recursos, tanto humano como de logística, apoyados por una nueva plataforma tecnológica.

El Ministerio Público expresó que el caso será llevado hasta las últimas consecuencias y que procurarán que haya sanción contra los que resulten responsables del condenable hecho.

El Ministerio Público de este distrito judicial y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Oficina Regional de Seguridad de su Embajada en República Dominicana, dieron inicio a un programa de entrenamiento sobre el procesamiento de los casos de trata y tráfico de personas, y el uso de documentos falsos, dirigido a fiscales de la zona norte del país.


La institución expresó que con esta sentencia contra Yohan Manuel Nina Féliz, alias La Cachorra, uno de los delincuentes más temidos de esta localidad, reitera el compromiso de seguir luchando de manera firme contra todo acto delictivo que atente contra la tranquilidad de la ciudadanía.

En rueda de prensa en la sede central de la UASD, Domingo Ramírez, director de Ceseju, dijo que el pasado 8 de mayo acudieron al despacho del procurador de la Corte del Distrito Nacional para depositar una querella contra Grullón por incumplimiento de la Ley 20-04 de libre acceso a la información, pero que este no ha accionado.

El Ministerio Público informó que obtuvo este martes importantes decisiones en diferentes tribunales del país, destacando la obtención de una sentencia condenatoria en contra de tres implicados en el desfalco al Estado a través del desaparecido Programa de Reducción de Apagones (PRA) y la ratificación de la prisión preventiva contra el coronel Carlos Piccini por su vinculación al caso de los sobornos en la compra de los aviones Super Tucano.