Justicia

El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión una Ley de Amnistía para presos políticos, impulsada por Delcy Rodríguez. La propuesta busca reconciliación y justicia desde 1999, excluyendo delitos graves. Genera expectativas sobre liberaciones y diálogo político, pero enfrenta críticas por falta de garantías y posibles desigualdades en su aplicación.

Los fiscales, encabezados por la procuradora de corte Mirna Ortiz, también piden que a los procesados se les impongan multas de entre 400 y 200 salarios mínimos.

Un hombre fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un adolescente en Santiago, República Dominicana. Daniel Ignacio Cepeda persiguió y disparó a Maiky Alberto Ortega Santana tras una discusión previa. La Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron su culpabilidad en el crimen.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, propuso una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos desde 1999. La iniciativa busca reparar las heridas de la violencia política y fomentar la convivencia. Excluye a quienes hayan cometido homicidios o violaciones a derechos humanos. Varias ONG apoyan esta propuesta.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) realizó la séptima edición de Legal Trends, enfocada en reformas legislativas y su impacto en el desarrollo económico. El evento, dedicado al jurista Juan Manuel Guerrero, reunió a expertos para discutir temas como la informalidad económica y la transformación digital del sistema de justicia.

En Santiago, República Dominicana, dos narcotraficantes fueron condenados a 20 años de prisión tras la incautación de más de 2,000 libras de marihuana y cocaína en un operativo del Ministerio Público. También se les impuso una multa de cinco millones de pesos por violaciones a leyes sobre drogas y armas.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa solicitará penas de 5 a 20 años para los implicados en los casos Coral y Corsal 5G, que involucran a altos oficiales militares y policiales. Se estima un desfalco al Estado de más de 4,000 millones de pesos.

Yeni Berenice Reynoso recordó la tarea titánica que desarrollan los fiscales en el sistema de justicia, al tutelar los derechos e investigar y procesar los delitos en estricto apego a las pruebas.

El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó que no hay razones jurídicas para modificar la coerción impuesta a los imputados en el caso de corrupción del SeNaSa. El Ministerio Público sigue investigando y procesando a varios involucrados, defendiendo la gravedad de los hechos y preparando una nueva fase de la Operación Cobra.

Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a José Miguel Lasose a 20 años de prisión por violar sexualmente a una adolescente de 12 años en 2024. La denuncia fue presentada por la madre tras descubrir el abuso. La fiscalía presentó pruebas que confirmaron la culpabilidad del acusado.

El Gobierno dominicano anunció la suspensión temporal de "La Semanal", el encuentro del presidente Luis Abinader con los medios, para implementar nuevas tecnologías y mejorar la comunicación. Se espera que regrese como un canal más moderno y accesible, promoviendo la transparencia y el contacto directo con la ciudadanía.

Un tribunal en Santo Domingo condenó a Franklin Santana a 20 años de prisión por la violación de una adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado ahogado en Boca Chica. La investigación se inició tras la denuncia de su hermana, revelando pruebas contundentes de acoso y amenazas por parte del acusado.

El centro cuenta con una Fiscalía Comunitaria, una unidad para niños, niñas y adolescentes, una Fiscalía de Medio Ambiente, un centro de mediación y el Despacho del Fiscalizador.

El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a Luis Miguel Cuevas Gómez, un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años en 2024. La condena se basó en la denuncia de la madre y evaluaciones que corroboraron el abuso.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana convocó una manifestación pacífica para defender la dignidad profesional y exigir mejoras en el sistema de justicia. Reclaman acceso a una justicia eficiente, un salario mínimo de 60,000 pesos para abogados y la apertura de tribunales administrativos, sin motivaciones partidarias.