El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID visitará República Dominicana para investigar quejas sobre el proyecto Manzanillo Bay Energy, ubicado cerca del Parque Nacional Manglares Estero Balsa. Organizaciones locales exigen su reubicación y compensaciones por daños ambientales y sociales, preparando acciones legales si no se actúa.
Santo Domingo.– El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), organismo perteneciente al Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizará una visita a República Dominicana para investigar la queja presentada por comunitarios y organizaciones ambientalistas contra el proyecto energético Manzanillo Bay Energy, ubicado en el municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
La información fue ofrecida por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), entidades que denunciaron que el proyecto energético opera dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manglares Estero Balsa, en violación de la legislación ambiental dominicana.
Según explicaron, una delegación del MICI encabezada por su directora, Andrea Repetto Vargas, llegará al país este martes 12 de mayo para sostener un encuentro en Manzanillo con representantes comunitarios y dirigentes ambientalistas.
La comisión también estará integrada por Gastón Ain, coordinador de la Fase de Resolución de Disputas, y Amanda Beaujon, especialista de la Fase de Verificación de Observancia, entre otros técnicos del organismo.
Por parte de las organizaciones locales participarán Euren Cuevas Medina, director ejecutivo de INSAPROMA, y Enrique de León, vocero principal del CNLCC, acompañados por representantes del Centro de Información Bancaria (CIB) y la Red Gran Caribe Libre de Fósiles.
Reclaman reubicación del proyecto
Las organizaciones explicaron que la queja presentada ante el MICI solicita la reubicación del proyecto energético financiado por BID Invest, el cual contempla la construcción de dos plantas de generación a gas natural licuado con capacidad de 860 megavatios y un financiamiento superior a los 1,750 millones de dólares.
Los denunciantes sostienen que las instalaciones se encuentran dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Estero Balsa, área donde la ley prohíbe el establecimiento de proyectos energéticos.
Indicaron que, de acuerdo con la documentación depositada ante el MICI, el proyecto se ubica a apenas 119 metros del lindero noroeste y a 55 metros del lado sureste del área protegida, cuando la normativa establece una distancia mínima de 300 metros lineales para la zona de amortiguamiento.
“ No es posible negociar la ley, la ley se cumple o no se cumple”, expresaron las organizaciones, al insistir en que esa constituye la “línea roja” del movimiento ambiental dominicano.
Denuncian daños ambientales y sociales
Además de la reubicación de las plantas, la queja exige la restauración del área impactada, la cual describen como un bosque seco de aproximadamente medio millón de metros cuadrados que servía de transición y protección natural para los manglares del parque.
Según denunciaron, la zona fue transformada en un terraplén para la construcción de las obras civiles, afectando también a familias que dependían económicamente del ecosistema.
“Antes una parte de la población más deprimida se alimentaba y vivía de este bosque seco y de sus alrededores, como los recolectores de crustáceos y otras especies, que hoy se han quedado sin sustento”, señalaron.
Asimismo, reclamaron compensaciones para las comunidades afectadas por la devastación ambiental.
Posible acción judicial
Las organizaciones ambientalistas informaron que preparan una querella ante la justicia dominicana acompañada de una medida cautelar para detener el proyecto hasta que las obras sean trasladadas fuera del área protegida.
Indicaron que el encuentro con el MICI representa el resultado de un proceso de discusiones sostenidas con el Tesoro de Estados Unidos y con BID Invest sobre el uso de gas natural licuado en el proyecto, en lugar de fuentes renovables de energía contempladas inicialmente.
Finalmente, valoraron la disposición del organismo internacional de escuchar las denuncias y propiciar una salida negociada al conflicto ambiental en Manzanillo.
“Este organismo multilateral está haciendo lo que desearíamos que el Gobierno dominicano haga frente a nuestras denuncias y demandas: escucharnos y buscar soluciones reales junto a las comunidades afectadas”, concluyeron. H.A.A.
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