La figura del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien este domingo se presenta a la reelección, tiene una influencia notable en América Latina especialmente visible en países como Ecuador, Argentina y Paraguay propiciada por las políticas de mano dura implementadas, la innovación en materia económica con la adopción del bitcoin como moneda de curso legal, la postura crítica hacia organismos como la Organización de Estados Anéricanos (OEA) y su estilo de liderazgo fuerte, que algunos identifican con una vocación autoritaria.
Desde su elección en 2019, el jefe de Estado salvadoreño se ha destacado por su uso intensivo de las redes sociales, su enfoque en la seguridad pública, particularmente en el combate a las pandillas, y su interés en la tecnología y la innovación, como lo demuestra su apuesta por el bitcoin como moneda legal en el país.
Este estilo de gobernar y las políticas implementadas en su administración, en ocasiones muy cuestionadas por organismos y activistas defensores de los derechos humanos que las consideran incompatibles con los principios democráticos, han ejercido una fuerte influencia en las decisiones adoptadas por otros mandatarios latinoamericanos.
El estilo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es probablemente el más cercano a Bukele. Noboa ha llevado la lucha contra el crimen organizado al nivel de "conflicto armado interno" y ha catalogado a veintidós bandas criminales como grupos terroristas susceptibles de ser "neutralizados" por el Ejército y la Policía.
Noboa adoptó esta decisión a comienzos de enero, tras una cadena de atentados atribuidos a estas bandas ocurridos cuando se disponía a recuperar el control de las cárceles, donde desde 2020 se han producido motines y masacres que han de 450 presos asesinados.
El mandatario ecuatoriano, que en campaña llegó a hablar de "cárceles barcaza" en alta mar, ya ha anunciado la construcción de dos nuevas prisiones inspiradas en el "modelo Bukele" diseñadas por el mismo equipo de la famosa "megacárcel" de El Salvador.
En Costa Rica algunos ven a Bukele como un referente en la lucha contra la delincuencia. El propio presidente Rodrigo Chaves considera "envidiables" e "impresionantes" las cifras de seguridad de su vecino centroamericano, pero puntualiza que esas acciones no se pueden aplicar en Costa Rica por razones políticas y legales.
"Esa situación de levantamiento de garantías individuales sólo la puede hacer una Asamblea Legislativa con mayoría calificada", recalca.
Con una población ligeramente inferior a la de El Salvador (5,1 millones de habitantes frente a 6,3) Costa Rica cerró 2023 con una histórica cifra de 907 homicidios, un 38,6 % más que el año anterior, cuando hubo 654. Las autoridades atribuyen esta situación a las disputas entre bandas de narcotraficantes.
Aunque los niveles de inseguridad de Perú son relativamente bajos (8,7 homicidios por cada 100.000 personas), el primer ministro, Alberto Otárola, dijo tiempo atrás que el país andino podría replicar algunos métodos del mandatario salvadoreño. Después se desdijo y aclaró que Perú tenía que impulsar un "plan Boluarte", en referencia a la presidenta, Dina Boluarte, pero la mandataria negó que existiera tal cosa.
Tampoco en Panamá, donde la corrupción y la inseguridad ciudadana son los problemas que más preocupan a la población, se ha replicado la política de "mano dura" contra la delincuencia y las pandillas aplicada por Bukele.
Según cifras de la Policía Nacional, en 2023 había unas 240 pandillas dedicadas al sicariato y el transporte de droga rumbo a Estado Unidos y Europa. Estos grupos son los responsables del 70 % de los 556 homicidios ocurridos durante 2023 en un país de 4,3 millones de habitantes.
Las autoridades dicen que prefieren poner énfasis en las políticas de prevención y rehabilitación de "jóvenes en riesgo social" que en la criminalización de este segmento. Los panameños, sin embargo, tienen muy presente la figura del presidente panameño en el imaginario colectivo.
Pese a los altos niveles de violencia e inseguridad asociados al crimen organizado en México, en este país tampoco han calado las propuestas de "mano dura". De hecho, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defiende el enfoque de "abrazos y no balazos".
De los aspirantes a la presidencia de México en las elecciones del próximo 2 de junio, sólo se ha referido explícitamente a las políticas del gobernante salvadoreño el candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tercero en las encuestas, lejos de la favorita, Claudia Sheinbaum, y de la candidata opositora, Xóchitl Gálvez.
"Si El Salvador, que tiene menos recursos que México, pudo atajar este problema de frente, México lo puede hacer con una estrategia civil que tenga como objetivo la paz", sostiene Máynez, quien responsabiliza a López Obrador de militarizar la seguridad pública sin resultados.
Bukele le anticipó al presidente argentino, Javier Milei, lo que le iba a suceder: enfrentarse al "obstáculo de un sistema que trataría de bloquearlo". "No va a ser fácil", le dijo recordando lo que le sucedió a él en los dos primeros años de su mandato.
Durante la campaña presidencial del libertario, un lobista de Bukele, el estadounidense Damián Merlo, cercano al expresidente Donald Trump (2017-2021), asesoró al argentino y le preparó una entrevista con el polémico experiodista de Fox News Tucker Carlson.
Ya en el nuevo Gobierno, la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, firme partidaria de la "mano dura" con los delincuentes, se reunió con su par de El Salvador, Gustavo Villatoro. Ambos compartieron "experiencias valiosas" y discutieron "estrategias efectivas" en la lucha contra el narcotráfico y las mafias.
Bullrich defiende la idea de garantizar el orden mediante un programa que se asemeja al "método Bukele" en aspectos como, por ejemplo, el endurecimiento de las condiciones de los reclusos, si bien la situación en los centros penitenciarios argentinos es "totalmente distinta" a la de El Salvador.
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