La red desmantelada con la Operación Gavilán borró o alteró los registros de antecedentes penales de 16,958 personas, afirmó el Ministerio Público en la audiencia para conocer medidas de coerción contra 12 personas imputadas por su vinculación con la red criminal.
Santo Domingo.- Durante al audiencia celebrada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la fiscal Sourelly Jáquez afirmó que no son 8,000 las personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino que se eliminaron los antecedentes penales de 16,958, "conforme al peritaje técnico".
Así lo indicó en declaraciones a la prensa a la salida del tribunal, ante el cual el miembro de la Policía Nacional Antony Ferrer "admitió los hechos que presentó el Ministerio Público en la medida de coerción”.
La fiscal adelantó que en la audiencia de mañana martes continuarán exponiendo dos defensas técnicas y las contrarréplicas del Ministerio Público y opinó que la audiencia podría concluir este mismo 8 de agosto.
En sus respuestas a la prensa, precisó “que la compañía Nexcom Technology, es una compañía de tecnología que fue utilizada por los imputados y movilizó más de 12 millones de pesos para eliminar y adulterar" expedientes, empresa vinculada al exmiembro de la Policía Nacional Luis Alfredo Astacio Polanco, uno de los imputados en el caso.
Sobre los fiscales involucrados en la red, dijo que “son de diferentes jurisdicciones" y que la Inspectoría y la Procuraduría General de la República "en los próximos días van a estar indicando quiénes son los fiscales”.
En sus conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se declare complejo el proceso y que se imponga la prisión preventiva contra Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República (PGR).
También, contra Alfredo Mirambeaux Villalona, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y contra su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Entre los involucrados también están los empleados de la PGR Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como Yokaira Elizabeth Carmona, el ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policia Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
El Ministerio Público también investiga por lo menos a siete fiscales contra los que solicitará, ante las jurisdicciones correspondientes, la designación de un juez especial en cumplimiento del procedimiento establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
Asimismo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
El pasado 1 de agosto, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Gavilán contra una red de fiscales, empleados administrativos y policías que se dedicó durante años a eliminar antecedentes penales a cambio de sobornos.
La operación supuso la ejecución de allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los integrantes de la red que borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos, como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales.
De esta actividad se han beneficiado sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, llegando esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuran sin antecedentes penales en los registros oficiales.
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