La ciudad de Lima transcurrió en medio de su actividad habitual, con tranquilidad y sin las movilizaciones de protesta que la Policía Nacional había advertido para esta jornada, pero con el anuncio de marchas antigubernamentales para el próximo julio.
Lima.-
Fuentes de la Policía Nacional habían confirmado a EFE que iba a realizar un gran despliegue de seguridad en la capital para proteger a la ciudad de eventuales movilizaciones de protesta.
Sin embargo, además de la seguridad habitual desplegada en el centro histórico, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y el Congreso, el resto de la ciudad mantuvo su actividad normal, a casi cuatro meses de las últimas protestas multitudinarias organizadas contra el gobierno de Dina Boluarte.
Por su parte, el presidente del Comité Nacional de Lucha de las regiones de Perú, Alberto Yucra Alfaro, declaró a EFE que se están preparando viajes desde el sur del país a Lima entre el 22 y 25 de julio, aunque a partir del día 15 comenzará "el proceso de lucha para derrocar este régimen nefasto".
"Este Estado está enfermo tiene sida, lepra, cáncer, por lo tanto no hay solución ni con asamblea constituyente, ni referéndum, lo único que cabe es que tiene que caer y conseguir los mejores profesionales entre el pueblo peruano y construir un estado nuevo con sus propias normas legales, constitución, economía y sociedad", manifestó Yucra, tras una rueda de prensa en Lima.
El colectivo, que agrupa a varias asociaciones de diferentes regiones, leyó un manifiesto en Lima en el que anuncia la fecha de nuevas marchas en julio, y aseguró que sus reclamos han cambiado desde diciembre.
"Nuestra plataforma de lucha que se inició en diciembre era que se fuera Dina Boluarte, la convocatoria de una asamblea constituyente y la libertad de presos políticos encabezados por Pedro Castillo", pero aseguró que, tras el anuncio de la presidenta de permanecer en el cargo hasta 2026, ahora salen a protestar por la construcción de "un nuevo estado de las regiones".
También expusieron que la mayoría de los poderes estatales son corruptos y no confían en las instituciones políticas, pero tampoco en la Justicia, la Fiscalía ni las fuerzas del orden y que estos están criminalizando el derecho a protesta para que la gente tenga miedo a salir a las calles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe publicado en mayo la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, después de intentar dar un golpe de Estado, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
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