Quito.- Con 96 votos afirmativos, de 137 legisladores presentes en la sesión del pleno, se ratificaron las observaciones planteadas al Gobierno para que en el proyecto presupuestario se garantice el cumplimiento del incremento en salud y educación, como establece la Constitución del Estado.
También el pleno de la Asamblea resolvió avalar los incentivos para los jubilados del Instituto de Seguridad Social, entidad con la que el Estado mantiene una millonaria deuda; así como la financiación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (cárceles).
Asimismo, los legisladores debatieron sobre la transparencia en el cálculo de montos específicos ante la posible venta, privatización o "monetización" (cotización) de activos del Estado. La legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, advirtió durante el debate de que existe un recorte en los presupuestos de salud y educación, y dijo que la Asamblea Nacional debe hacer respetar la Constitución.
Los recortes en la educación ya generaron en noviembre pasado protestas de sectores estudiantiles y docentes, sobre todo de universidades públicas que efectuaron manifestaciones en Quito. En esa ocasión, los estudiantes universitarios rechazaron el recorte de más de 117 millones de dólares en el presupuestario de la educación superior para 2022 y amenazaron con "radicalizar las acciones de protesta" si el Ejecutivo mantenía esa postura.
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