Los diputados dominicanos aplazaron los debates en torno a las observaciones del Poder Ejecutivo a los artículos del Código Penal que tocan el tema del aborto, tras varias horas de discusiones entre representantes de varias bancadas.
Santo Domingo, (EFE).- La pieza será conocida el martes próximo a solicitud del presidente del hemiciclo, Abel Martínez, luego de un producirse un estancamiento en los debates por las posiciones a favor y en contra.
La interrupción del embarazo está prohibida por la Constitución del país, que garantiza el derecho a la vida "es inviolable desde la concepción hasta la muerte", defendida a capa y espada por las Iglesias católicas y evangélicas y otros sectores locales.
Sin embargo, el presidente dominicano, Danilo Medina, formuló recientemente objeciones al recién aprobado Código Penal, que también prohíbe tajantemente el aborto.
El gobernante vetó la ley con el propósito de que se establezcan los casos en los cuales se pueda proceder con un aborto, principalmente cuando esté en peligro al vida de la madre.
Asimismo, en casos de violación e incesto, posición defendida abiertamente por organizaciones civiles que defienden los derechos de la mujer, por legisladores y entidades de la sociedad civil.
Medina señaló, en esa oportunidad, que "la complejidad específica de la infracción relativa a la interrupción del embarazo, en la que entra en juego la vida de la madre, exige ineludiblemente hacer explícitos los supuestos excepcionales en que debe prevalecer el derecho fundamental a la vida de la mujer embarazada, o el derecho al respeto de su dignidad humana y de su integridad psíquica y moral".
El diputado oficialista Gustavo Sánchez denunció que muchos de sus colegas se sienten amenazados por las presiones de la Iglesia católica, que ha advertido que llamará a sus feligreses a no ejercer el sufragio en contra de los legisladores que no condenen el aborto, durante los comicios de 2016.
No obstante, el también diputado oficialista Víctor Suárez exigió respeto para la Constitución, que ordena respetar la vida en cualquier circunstancia, al tiempo que pidió las observaciones del Poder Ejecutivo.
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