Según la organización política la ? ?aprobación inconstitucional de la Ley de Partidos es un atropello que le abre las puertas de la política al narco y al dinero sucio.
El texto aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados el martes 3 de marzo de 2015 quedará registrado como el día en que un partido político en el gobierno abusó de su poder en la Cámara de Diputados para aprobar una ley antitransparencia que debería llamarse Ley de Libre Mercado de los Comerciantes de la Política.
Ofreciendo un espectáculo vergonzoso, que degrada las instituciones y desacredita aún más de lo que está la actividad política, los diputados, encabezados por su presidente, violaron de manera grosera la Constitución de la República al aprobar una ley orgánica por mayoría simple.
El país ha sido testigo de todas las maniobras, piruetas y componendas utilizadas para imponer una ley hecha como traje a la medida del partido de gobierno.
Después de 16 años de resistencia a la aprobación de una ley que regule y adecente las actividades partidarias, el Partido de la Liberación Dominicana se dio cuenta que dicha aprobación era inevitable como resultado del reclamo de sectores cada vez más importantes de nuestra sociedad que han comprendido la necesidad de ponerle freno a los desafueros de dirigentes que solo ven en la actividad política un medio de enriquecerse a cualquier costo.
Para ello, el PLD presentó un proyecto de Ley de Partidos retrógrado, que mutilaba de manera ostensible en sus puntos nodales el proyecto de Ley de Partidos de consenso aprobado por la comisión bicameral designada para tal efecto y que concluyó sus trabajos en enero de 2014. Este proyecto de consenso, elaborado a partir del anteproyecto presentado por la Junta Central Electoral,incorporó los puntos de vista y sugerencias presentados por los partidos políticos y sectores organizados de la sociedad.
Con esta propuesta de consenso se avanzó en la dirección correcta de aprobar una Ley de Partidos Políticos que incluya la posibilidad de mejorar nuestra vida política garantizando transparencia, rendición de cuentas, posibilidad de todos los partidos políticos de establecer alianzas en igualdad de condiciones, representación de las minorías, contribución voluntaria de los militantes, previsiones para regular encuestas, enunciados específicos para garantizar la equidad de género, lenguaje incluyente, debates entre candidatos, fiscalización de los recursos empleados en las precampañas y en las campañas electorales desde los ámbitos público y privado, así como otras normas tendentes a fortalecer las instituciones partidarias de forma igualitaria, asegurando la competencia y un ejercicio real de la democracia.
La mayor parte de estos propósitos fueron desconocidos en el proyecto de ley presentado a última hora por el PLD con la intención de impedir la regulación de las actividades políticas, obviamente con la intención de seguir utilizando sin control ni sanción los recursos del Estado.
Con el proyecto de ley que el PLD y el gobierno pretenden imponer se les asestan golpes mortales a la transparencia y a la igualdad de género, y se les abren las puertas de la política de par en par al narcotráfico y al lavado de fondos ilícitos, lo que contribuirá necesariamente a conducir el país por el camino de la ingobernabilidad política y social.
Los partidos, los dirigentes políticos y las personalidades que se presten a las manipulaciones que se están realizando, generalmente a cambio de compensaciones monetarias u otro tipo de prebendas, se ganarán el repudio de la ciudadanía además de estar afilando cuchillo contra su propia garganta al conspirar contra el desarrollo de un verdadero régimen democrático en la República Dominicana.
Finalmente, la Alianza por la Democracia llama a todas las fuerzas sociales y políticas realmente interesadas en el desarrollo del sistema democrático a cerrar filas contra el abuso de poder que representa la imposición de la ley espúrea de partidos políticos.
Llama, al mismo tiempo, a actuar de conjunto para reclamar la modificación de la Ley Electoral vigente, a fin de que ésta se constituya en una verdadera ley de garantías electorales que permita, junto a la de Ley de Partidos, el afianzamiento de la democracia.
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