Defensoras de DDHH en Latinoamérica exigen el cese de la "persecución" en Nicaragua

Managua.- En un llamado público, IM-Defensoras exigió al Gobierno del presidente Daniel Ortega que “detenga inmediatamente la represión, la persecución y las distintas violencias hacia lideresas, periodistas, feministas, activistas, defensoras de derechos humanos, quienes han denunciado violencia sexual, tortura, hostigamiento, violación y humillaciones sexuales en centros de detención y en sus territorios”.

Actualmente en Nicaragua hay diez mujeres consideradas “presas políticas”, incluyendo una aspirante a la Presidencia por la oposición, una exguerillera sandinista y exministra de Salud, cuatro lideresas y dirigentes opositoras, una ex primera dama y exdiputada y tres activistas disidentes.

IM-Defensoras demandó la “libertad plena” para los más de 134 “presos políticos” de Nicaragua e instó a que se les “garantice el debido proceso en cumplimiento con las normas del derecho internacional humanitario”.

Una denuncia hecha este mismo miércoles por los abogados de los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, también encarcelados, indicó que las autoridades nicaragüenses no han confirmado los paraderos de los “presos políticos” capturados a partir del 28 de mayo pasado, entre quienes se encuentran siete de las diez mujeres por las que abogó IM-Defensoras, cinco de las cuales sólo se sabe que fueron detenidas.

La organización feminista llamó al Gobierno de Ortega a que les permita a las mujeres acceso a un abogado de confianza, admita que sean visitadas por sus familiares, y se les trate con dignidad.

PIDEN DEROGACIÓN DE LEYES RESTRICTIVAS

Solicitó además que asegure “la participación política de las mujeres en Nicaragua” sin que por ser opositoras “sufran persecución, judicialización, violencias, ni hostigamiento alguno”. También reclamó la derogación de leyes recientemente aprobadas que “violan los derechos civiles y políticos de las personas, y restringen la capacidad de incidencia de las mujeres y sus organizaciones”.

Llamó a que sea permitida la visita de organismos multilaterales que den seguimiento a los derechos humanos en Nicaragua y permita la “investigación independiente” de las violaciones a los derechos, el restablecimiento de “las libertades individuales y colectivas propias de un Estado Social de Derecho”, y la garantía de “realización de elecciones libres y realmente democráticas en noviembre” próximo.

Las mujeres consideradas “presas políticas” en Nicaragua son la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, la exguerillera sandinista y exministra de Salud Dora María Téllez, las dirigentes y lideresas Violeta Granera, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, la exprimera dama y exdiputada María Fernanda Flores, más las activistas Karla Vanessa Escobar, Julia Hernández y María Sánchez.

Chamorro y Flores están bajo régimen de “casa por cárcel”, en el caso de la primera tiene restricciones para ver a familiares y a su defensa. Las demás lideresas y dirigentes se presume que están en la cárcel El Chipote, denunciada por defensores de derechos humanos como supuesto “centro de torturas de la Policía”, mientras que las activistas se encuentran en la penitenciaría La Esperanza.

Nicaragua vive una profunda crisis sociopolítica, que se ha acentuado en la medida que se acercan las elecciones del 7 de noviembre, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva para un cuarto mandato de cinco años y el segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.