Organizaciones académicas y ambientalistas solicitan ratificar Acuerdo de Escazú

Santo Domingo.- El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico regional vinculante para regular y asegurar el acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia y la protección de los defensores en asuntos ambientales, adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de abril del año 2018, por 24 países. En esa ocasión se aprobó, que este acuerdo regional estuviera abierto para la firma a partir del 27 de septiembre del mismo año, en la Sede de la ONU, en Nueva York.

Las organizaciones informaron que la República Dominicana fue uno de los primeros países que adoptó el Acuerdo de Escazú, siendo suscrito el 27 de septiembre del 2018, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado.

“Sin embargo, a partir de la firma de este Acuerdo ha habido una pasividad y un oscurantismo sobre el mismo, toda vez que la sociedad civil ha tratado por todos los medios posibles, de saber en qué entidad del Estado está depositado y ninguna de las instituciones ha dado respuesta”, aclararon.

Explicaron que el 19 de junio de 2019, más de veinte instituciones y coaliciones de sociedad civil solicitaron una cita, a través del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez, al Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado y al presidente de la Comisión Ambiental del Senado, Félix Nova, sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna de estos funcionarios.

“En este momento en que la región de América Latina y el Caribe está convulsa, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales”, argumentaron.

Plantearon que el refuerzo a esta teoría de democracia participativa en la que se basa el Acuerdo de Escazú, ha sido plasmado en la Constitución dominicana de 2010, modificada en el 2015 y recogida en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0362-19 de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante la cual quedó firmemente establecido, que las organizaciones y las personas tienen derecho a denunciar, querellarse y constituirse en actor civil, cuando se traten de intereses colectivos y difusos como la corrupción y el medio ambiente, sin la necesidad de hacerlo conjuntamente o detrás del ministerio público.

Señalaron que el fundamento jurídico constitucional del Tribunal Constitucional se basó en los artículos 7 y 22.5 de la Carta Magna, así como los artículos 85 y 228 del Código Procesal Penal modificado por la ley 10-15, donde se enarbolan los principios de soberanía popular, estipulado en Sentencia C-245/96), de la Corte Constitucional de Colombia y asumido por el Tribunal Constitucional dominicano, así como el Principio de Democracia Participativa, como garantía efectiva de la paz y el bienestar social.

Manifestaron que el Acuerdo de Escazú “es un instrumento que reguarda eficientemente el derecho que tienen las organizaciones y la ciudadanía de ser informadas, de participar en la elaboración de políticas públicas y de actuar ante la justicia en los problemas y conflictos ambientales”.

Así mismo las organizaciones se quejan de que, aunque el país participó en el evento que finalmente adoptó el convenio, el 4 de marzo de 2018, en Escazú, Costa Rica, y firmó el 27 de septiembre del mismo año, las autoridades dominicanas se han mantenido pasivas sin difundir su contenido y sin ratificar el mismo.

“Se requiere que la República Dominicana, que ha sido protagonista de este Acuerdo desde el comité gestor en el 2012, en la Conferencia de Río + 20, con los primeros diez países que se propusieron impulsar este instrumento jurídico regional, pasando por la vicepresidencia de la mesa directiva conjuntamente con Chile, continúe teniendo ese protagonismo y que sea de los primeros once países en ratificar dicho Acuerdo Regional¨, dijeron.

Consideraron que este Acuerdo es el más importante a nivel global en los últimos veinte años en materia de derechos humanos y medio ambiente, tal como lo ha establecido el relator especial de derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas y se quiere que República Dominicana quede en la historia de las Naciones Unidas como protagonista del Acuerdo más democrático en materia de derechos humanos y medio ambiente de este siglo, hasta ahora aprobado.

Observaron que para que el Acuerdo entre en vigencia debe ser ratificado por once países, ratificándolo hasta el momento Bolivia, Guyana, San Vicente y Granadinas, Saint Kettis y Nevis, Uruguay, Nicaragua, Panamá y Ecuador, faltando solo tres países para entrar en vigencia.

Pedimos al Congreso Nacional que la República Dominicana sea uno de los tres países que son necesarios para que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia.

Entre las instituciones que suscriben esta petición para que el Congreso Nacional ratifique el Acuerdo de Esazú están la Facultad de Ciencias Jurídica y Política, Alianza ONG, Justicia Climática, Grupo Jaragua, Fondo Pro-Naturaleza (PRONATURA) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), la Asociación para la Protección del Medio Ambiente y del Turismo en la Zona de Cabarete y Sosua (ASOPROCASO), y Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA).

También el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD), Fundación Ecológica Macorís Verde, Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicas Autorizadas (ADEAPA), Sociedad Ecológica de Nizao, Fundación Ecologista DANIMIDI, Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), Federación de Organizaciones por la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria, y Bloque de Organizaciones No Gubernamentales (BONG),