TSA conocerá caso evasión de impuestos por $15 mil millones

Santo Domingo.- Ese grupo retiene, a través de una sociedad comercial de Islas Vírgenes que no figura registrada en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), hasta 3,000 dólares de impuestos por cada contrato.

Del caso fue apoderado el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que fijó la audiencia para el día 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. También el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor), tiene varias quejas respecto a los famosos “vacations club”.

Los dos dueños de esta sociedad declararon en Viena que reciben solo en “bonos” de comisiones por la venta de esos contratos USD$ 23.4 millones al año cada uno, alrededor de 1,200 millones de pesos anuales que no pagan impuestos, denunció el doctor Ángel Lockward.

La información está contenida en la Instancia de Acción de Amparo depositada en el TSA donde se emplaza al Ministerio de Hacienda y a la DGII a cobrar los impuestos.

En el recurso de amparo buscan que el tribunal ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos, cumplir con la Constitución y las leyes en el cobro de los impuestos retenidos a los ciudadanos.

El Tiempo Compartido es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce por uno o más períodos al año de una unidad habitacional con finalidad vacacional, con los muebles de los que está provista y los espacios y cosas de uso común, obligándose además a la prestación de servicios.

La demanda incluye como intervinientes a Markus Wischenbart y su esposa Anja Wischenbart, Gunter Kerbler y su esposa Gabriele Kerbler y las compañías Tisha Investments Overseas LTD, Lifestyle Real State Holding, Sparkles Management Services LTD y Lifestyle Holiday Vacation Club (LHVC) en Islas Vírgenes Británicas.

Todos han sido notificados a través de la Cancillería, en los plazos correspondientes en razón de la distancia.

La acción de amparo busca que dichas entidades gubernamentales cumplan con la Ley 479-08 que ordena que toda sociedad comercial extranjera se registre en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente y ante la DGII, que debe habilitarla con su RNC, imprescindible para poder pagar los impuestos y sin el cual no pueden actuar como agentes de retención, y así evitar la evasión y proteger a los compradores de Tiempo Compartido.

En cada contrato de venta figura cobrada una partida en impuestos por una sociedad comercial extranjera LHVC-, sin RNC, que vende contratos y los firma en la ciudad de Puerto Plata desde antes del 2010.

Dicho conglomerado societario, afirma Ángel Lockward, abogado de la accionante, está compuesto por más de 17 compañías de pantalla organizadas en Islas Virgenes, en Panamá y aquí que operan a través de bancos en Miami, entre ellos el Banco de Sabadel, a través del cual distribuyen los fondos generados por Lifestyle en Puerto Plata.

Lockward sostiene que la justicia debe actuar desde el momento en que, contrariamente la jurisprudencia de la SCJ otorga capacidad procesal a dichas sociedades que no tienen activos en el país y, sobre todo RNC, defraudando a clientes y al Estado.

Tampoco es ajeno a esta situación el Ministerio de Turismo, según el conocido abogado, puesto que el ministro Francisco Javier, cada año le renueva el permiso a la subsidiaria de dicho grupo no obstante las decenas de quejas que hay en su despacho y en ProConsumidor de personas que se sienten defraudadas, de cuyos contratos niega tener registro, concluyó.

Tremols
La DGII recientemente sometió a la justicia por la evasión de más de cinco mil millones a la empresa Tremols Payero, una familia completa deberá responder en los tribunales. Asimismo, el pasado año intervino las operaciones del Grupo Metro, sometiendo a la Justicia a José Luis Asilis.

La medida de coerción de la familia Tremols Peyero está pautada para hoy y será ventilada por el juez José Alejandro Vargas.

En la instancia piden una sanción económica de 200 mil pesos (astriente) diarios por cada día de retraso en el cumplimento de la sentebncia pagadero a la Fundación de Estudios Económicos y Políticos, para el progreama de publicaciones legales.