La CIDH pide paralizar la ejecución del mexicano Roberto Moreno Ramos en Texas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a Estados Unidos a suspender la ejecución del ciudadano mexicano Roberto Moreno Ramos, prevista en Texas para el próximo 14 de noviembre, ya que, según un informe, no se garantizó su derecho a la igualdad ante la ley en su proceso penal.

Según un documento de dicha Comisión, publicado en 2005, "Estados Unidos fue responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo con respecto a los procesos penales que llevaron a la imposición de la pena de muerte contra Roberto Moreno Ramos".

Además, en su nota, el organismo advirtió de que si EE.UU. no acatase su recomendación la acción iría en contra de "sus obligaciones internacionales de derechos humanos como Estado Miembro de la OEA (Organización de Estados Americanos) en virtud de la Carta de la OEA y otros instrumentos relacionados".

Moreno fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato un año antes en el municipio de Progreso, en el estado de Texas, de su entonces esposa -Leticia, de 42 años- y sus hijos Abigail (7) y Jonathan (3).

Un mes después, las autoridades hallaron los cuerpos de la mujer y los niños enterrados en el baño de la vivienda familiar. Moreno los había matado a golpes con un objeto contundente que nunca fue encontrado.

En 2017, el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó un recurso presentado por el preso y en el que se acogía a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, conocida como "Fallo Avena", que en 2004 ordenó revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte en EE.UU.

El fallo coincidió con la argumentación presentada por la CIDH sobre supuestas irregularidades en el proceso penal al asegurar que a los presos afectados "se les violó su derecho a solicitar asistencia consular tras su detención recogido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares".

Por otra parte, la CIDH recordó su trabajo "durante décadas" para tratar la pena de muerte como un desafío crucial para los derechos humanos.

"Aunque la mayoría de los Estados miembros de la OEA han abolido la pena capital, una minoría sustancial la mantiene", aseguró la CIDH.