En ese sentido, Castillo afirmó que la DIGEIG, entidad que dirige, trabaja actualmente con acciones de expansión en todo el territorio nacional, apoyándose en las mesas de discusión y diálogo sobre la iniciativa participativa Anticorrupción (Ipac), para lograr un empoderamiento ciudadano de los instrumentos legales que le permiten exigir rendición de cuentas y denunciar falencias, tal como lo establece la Constitución de la República.
"La información del pueblo, hay que comenzar y así estamos tramando, establecer su difusión desde los niveles primarios y en los planes de enseñanza superior, para que forme parte de la condición del ciudadano; para que aprendan desde los niños hasta los adolescentes; que hay un Estado, que maneja cientos de miles de millones de pesos para los servicios públicos, pero que también, el ciudadano solitario de a pie tiene una ley que le permite saber cómo se están manejando los fondos".
El jurista explica que el pueblo no sabe que existen estos mecanismos, razón por la que, no hay una cultura del ejercicio de este derecho.
"Como país, podemos hoy sentirnos alentados, porque hemos ido tejiendo un ordenamiento jurídico excelente, tenemos las leyes para favorecer la información del pueblo, de ahí y cada dependencia del Estado, debe tener, y vamos en camino de generalizarlas totalmente; las Oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI)", precisó el funcionario.
Actualmente la DIGEIG, órgano rector en materia de transparencia y libre acceso a la información cuenta en sus registros, cerca de 200 instancias oficiales, con OAI y Responsables de Acceso a la Información (RAI) establecidos. Coordina, monitorea y anima un sistema transversal, para garantizar el cumplimiento y aplicación de la referida norma.
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