Duque se enfrenta al reto de mantener a flote el "barco de la paz" de Santos

Bogotá.- El presidente electo de Colombia, Iván Duque, tiene como principal reto a partir del 7 de agosto mantener a flote en un mar de dificultades el "barco de la paz" como definió su antecesor, Juan Manuel Santos, su principal obra de Gobierno.

El pacto firmado en noviembre de 2016 con las FARC para poner fin a medio siglo de conflicto armado interno es el mayor legado del Gobierno de Santos, pero su aplicación ha resultado muy compleja, lo que sumado a un creciente número de disidentes, al asesinato de exguerrilleros y a diferencias internas en esa organización convertida en partido político dibujan un panorama poco alentador.

Según Duque, "aquí no se trata de hacer 'trizas' los acuerdos, sino de corregir aquellas cosas que van mal como el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos" que el año pasado alcanzaron las 209.000 hectáreas.

El pasado 20 de julio, Santos se dirigió a los legisladores en el Congreso "y al próximo presidente Duque" para decirles: "¡Cuiden la paz que está naciendo! ¡Cuídenla! ¡Defiéndanla! ¡Luchen por ella! Porque es el bien más preciado que puede tener cualquier nación".

También la ONU, que jugó un papel fundamental en la implementación del acuerdo, instó a Duque a preservar la paz en una sesión del Consejo de Seguridad del pasado 26 de julio.

El enviado de la ONU para Colombia, Jean Arnault, advirtió de que independientemente de las modificaciones que pueda hacerle Duque al acuerdo, lo "esencial" será cumplir con las "garantías" dadas a los guerrilleros para su desmovilización.

Precisamente una de las principales críticas que ha recibido Santos por parte del partido FARC es el incumplimiento del acuerdo lo que, a juicio de algunos expertos, ha motivado el resurgimiento de al menos 29 grupos de disidentes en diferentes partes del país.

De hecho, el líder de la FARC, Rodrigo Londoño, llamado "Timochenko" en sus tiempos de guerrillero, ha denunciado un "abandono estatal".

Para Londoño, es "preocupante" que a los más de 7.000 desmovilizados se les falle en lo que respecta a sus garantías de seguridad, que no haya claridad legal sobre sus procesos judiciales y que la reincorporación a la vida civil sea tortuosa y demorada.

A ello se suma el asesinato de más de 50 exguerrilleros denunciado por la FARC, lo que aumenta el riesgo de que muchos de los que dejaron las armas vuelvan a empuñarlas con alguno de los frentes disidentes, que ya tienen cerca de 1.500 miembros, o con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las bandas criminales.

No menos grave es la decisión del número dos de la FARC, Iván Márquez, de no asumir el escaño en el Senado para el que había sido designado y unirse a otros exguerrilleros en la zona rural de Miravalle, en el sureño departamento de Caquetá, alegando falta de garantías de seguridad, lo que puede conducir a una división en la cúpula de la antigua guerrilla.

Un problema mayúsculo que heredará Duque es la extradición a Estados Unidos de Jesús Santrich, otro líder de las FARC, detenido el pasado 9 de abril en Bogotá y acusado de narcotráfico, lo que le impidió asumir su escaño en la Cámara de Representantes.

Santos se empeñó también en conseguir un acuerdo de paz con el ELN, la segunda guerrilla del país, y en lograr un acuerdo de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, pero a días de concluir sus ocho años de Gobierno ninguno de los dos procesos ha fructificado.

Duque tendrá que decidir si continúa con estas negociaciones y de la misma forma deberá encarar el problema de los asesinatos de líderes sociales para los cuales la ONU le pidió "una protección especial".

Datos de la Defensoría del Pueblo indican que entre el 1 de enero de 2016 y el pasado 30 de junio 311 líderes o defensores de derechos humanos fueron asesinados en el país.

Ante la presión internacional y el malestar nacional generado por esa situación, Duque afirmó que le "duelen todas las muertes de compatriotas, las amenazas y crímenes que se han cometido con líderes sociales".

A partir del 7 de agosto tendrá que ocuparse de todas esas situaciones y del manejo que les dé dependerá si Colombia consolida o no la paz heredada de Santos.