Santo
Domingo, EFE.- Apenas los haitianos acudieron en masa a los centros habilitados
por el Gobierno muchos de ellos, al parecer, creían que se trataba de una
especie de amnistía general, pues se presentaron sin papeles básicos como acta
de nacimiento o pasaporte.
De hecho, los haitianos y sus descendientes
indocumentados han dirigido sus quejas contra el aumento sorpresivo que dispuso
su propio Gobierno para expedirles documentos indispensables para aplicar al
proceso, luego de que el plan entrara en acción el 1 de junio pasado.
La mayoría de los centenares de miles de haitianos
residentes en República Dominicana son indocumentados y una gran parte de ellos
carece de acta de nacimiento, muchos tampoco poseen recibos de alquileres de
viviendas, notas de escolaridad, matrícula de vehículo o carné de trabajo y
otros tantos no dominan el idioma español.
Estos son solo algunos de los requisitos para aplicar al
plan, aunque solo tienen que cumplir con al menos dos de ellos. Se procura que
los residentes irregulares demuestren su arraigo en la sociedad dominicana y su
vinculación con el país que los acoge.
Este plan de regularización es producto del nuevo rumbo
que han tomado las relaciones entre los fronterizos República Dominicana y
Haití, a raíz de una sentencia inapelable evacuada en septiembre pasado por el
Tribunal Constitucional local, que define los parámetros de la nacionalidad.
De esa sentencia también salió una ley de naturalización
que solo espera su reglamento de ejecución para entrar en vigor de manera
tangible.
Pero los escollos que denuncian los haitianos
indocumentados han puesto sobre el tapete que Haití ha quedado rezagado en su
compromiso de dotarlos de la documentación básica, tal y como se comprometió
con las autoridades dominicanas en conversaciones del más alto nivel que ambos
países celebran desde enero pasado.
La situación ha
sido denunciada por la Cancillería y la Junta Central Electoral (JCE)
dominicanas, con declaraciones tan comprometedoras como las emitidas este
jueves por el presidente de este último organismo, de que el Gobierno haitiano
ha convertido en negocio el plan de regularización de extranjeros al cobrar
altas sumas de dinero a los nacionales de ese país para entregarles los
documentos de identidad.
Roberto Rosario dijo, además, que la falta de cooperación
de Haití para dotar de documentos a sus nacionales es el principal problema que
enfrenta el proceso de regularización.
El funcionario afirmó que en ningún país del mundo se ha
hecho de manera gratuita un proceso de regularización del estatus migratorio de
los extranjeros que viven ilegales en el país y puso de ejemplo los casos de
Venezuela, Bolivia y los Estados Unidos, "en cuyos países los extranjeros
que quieran legalizar su estadía deben pagar para hacerlo".
También exhortó a los organismos internacionales a
colaborar con el proceso "y no solo a presionar como han hecho hasta
ahora", en alusión a los encendidos debates que despertó la sentencia del
Tribunal Constitucional en diversos organismos y países europeos y de la
región.
La Cancillería dominicana, por su lado, informó de que, a
fin de dar prioridad al plan de regularización, ha bajado a su "mínima
expresión" el costo de la visa de trabajador temporero que se puso en
vigencia para los extranjeros que tengan una oferta de trabajo de una compañía
debidamente registrada en el país.
Los trabajadores haitianos representan más del 80 % de la
mano de obra en la construcción y la agricultura en República Dominicana,
además del alcanzar el 75 % entre los vendedores ambulantes, según cifras
suministradas por representantes de estos sectores.
Es notorio, sin embargo, que los haitianos continúan
abarrotando los centros de registro alentados por esta inédita oportunidad de
regularizar su situación migratoria, lo que se explica en que también acuden
masivamente a los consulados de su país para lograr la expedición de la
documentación necesaria.
El plan de regularización de extranjeros ha recibido el
respaldo de múltiples sectores y de embajadas como la de Canadá, uno de los
países conocidos como "amigos de Haití", cuyo embajador calificó de
positivo el proceso, al igual que el representante en el país de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Muchas de las voces que hasta hace poco consideraban que
la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano condenaría a miles de
haitianos a vivir como "apátridas", ahora reconocen los esfuerzos
locales por regularizar la situación de estos y así empezar a buscar una salida
permanente a un problema que data de largos años, y por el que las relaciones
entre ambos países han sido más conflictivas que armoniosas.