Santo Domingo.- Sostiene la entidad de la
Compañía de Jesús que esta legislación pone las bases para restablecer el
derecho a la nacionalidad de todas las personas de ascendencia extranjera
afectadas por la política de desnacionalización iniciada por la Junta Central
Electoral en el año 2007, mediante la Circular 17 y la Resolución 12, la cual
fue posteriormente legitimada por el Tribunal Constitucional, a partir de la
controversial sentencia 168/13.
Durante años de lucha, el Centro Bonó, como parte de la ciudadanía organizada,
acompañó junto a otras organizaciones amigas a cientos de personas afectadas
por el despojo de su nacionalidad. Hoy ve con satisfacción la posibilidad de
ver restituidos sus derechos.
"Ello
constituye a la vez un gran estímulo para continuar apoyando a los más
vulnerables, quienes aún esperan ser visibilizados y tomados en cuenta por las
prácticas legales dominicanas", indica una declaración.
Concretamente,
el Centro Bonó se refiere a los hijos e hijas de extranjer@s nacid@s en el
territorio nacional antes de la proclamación de la Constitución del 2010, y que
por obstáculos institucionales y burocráticos, o por la exclusión social
ocasionada por la extrema pobreza, nunca pudieron ser inscritos en los libros
del Registro Civil dominicano. El Bonó observó que la solución para ellos no
puede ser la inscripción en el libro de extranjería, porque implica una
vulneración de sus derechos.
El centro
social de la Compañía de Jesús entiende que la referida Ley es muy cuidadosa en
su técnica legislativa, ya que elude confrontar el criterio sobre la
nacionalidad dominicana establecido por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional con la sentencia 168/13.
Considera
además que en el escenario actual la promulgación de esta ley es una decisión
políticamente correcta, puesto que salva la institucionalidad de esa alta corte
con respecto a la Ley.
Sin embargo,
el Bonó reiteró que el criterio jurisprudencial que guió a la controversial
sentencia está en franca contradicción con los principios constitucionales del
Estado social y democrático de derecho que se derivan de la Carta Magna
dominicana, y que esa práctica de jurisprudencia sigue constituyendo una
vergonzante negación del reconocimiento de las normas vinculantes del derecho
internacional general y americano, ya que pone al país bajo sospecha en la
comunidad de naciones.
El Bonó identificó varios
frentes en las tareas que quedan pendientes a raíz de la promulgación de la Ley
169-14. En el ámbito legal, queda el desafío de volver sobre los razonamientos
jurídicos contenidos en la sentencia TC-168/13, con vistas a corregir el
distanciamiento de la jurisprudencia constitucional dominicana de los derechos
consagrados en acuerdos internacionales de los que formamos parte.
Añade que cívica y
políticamente, queda abierta la lucha para llevar al Estado dominicano al
cumplimiento de su función esencial, que no es otra que la protección efectiva
de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad humana. Mientras,
socialmente, el principal desafío consiste en reconstruir el tejido social
magullado a lo largo de todo este proceso y recuperar la confianza en sentido
general para participar en la construcción de la cohesión social y en la
integración de estas poblaciones sin exclusión ni discriminación.
Estas reflexiones fueron
externadas a la opinión pública por el Centro Bonó en el marco de su
acostumbrado análisis de coyuntura. En esta ocasión, el análisis contó con la
participación del abogado Guillermo Sterling, de Rosa Iris Diendomi del
Movimiento Reconocido y del director del Centro Bonó, Roque Féliz.