Juristas expresan preocupación por reducción de calendario electoral

Santo Domingo.- Enfatizó que en el 2020 podríamos tener tres elecciones separadas, las municipales en febrero, las congresuales y presidenciales en mayo, y una posible segunda vuelta electoral en junio; lo que implica que la Junta Central Electoral (JCE) deba hacer la proclama de las elecciones municipales a más tardar en noviembre de 2019, lo que reduce el tiempo del ciclo electoral. Propuso que lo ideal es la aprobación de un Código Electoral y de los Actos del Estado Civil que reúna toda la normativa del sistema electoral.

Por su lado, el doctor Manuel Galván Luciano, experto en Derecho Electoral, exhortó a que el Consejo Nacional de la Magistratura se aboque a seleccionar los integrantes del TSE en base a la probidad, imparcialidad, con formación académica de maestría o doctorado en la materia electoral o que se hayan desempeñado como miembros o suplentes de los órganos electorales en el ámbito administrativo o contencioso.

Exigió que los órganos de control disciplinarios de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos dominicanos, tengan mayor observancia de la Constitución, sobre todo el respeto al debido proceso y a los estatutos partidarios al aplicar sanciones disciplinarias a sus miembros.

En otro orden, el doctor Antoliano Peralta Romero, especialista en el tema procesal electoral, dijo que hay que eficientizar el aspecto penal-electoral ya que no se conoce ningún caso de aplicación de sanciones por delitos electorales durante la época post-trujillista a pesar de la violación flagrante, casi de manera pública y ante los ojos de las autoridades competentes.

El jurista se opuso a la creación de una sala penal electoral dentro del TSE al estimar que vendría a abultar los gastos del erario. Propuso que un juez titular y dos jueces suplentes conozcan las decisiones que emanen del juez de la instrucción especial que actuará en el caso penal, los cuales deben quedar excluidos de la constitución del pleno. De lo contrario se violaría el principio de inmediación pues los jueces tendrían conocimiento previo del asunto.