Santo Domingo (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores local afirmó en un comunicado, que el informe elaborado por la CIDH contiene "datos inexactos, prejuicios, juicios obsoletos y graves omisiones", en franco desconocimiento de los significativos avances alcanzados en el país en esa materia de alta prioridad en la administración del presidente dominicano, Danilo Medina.
"El Gobierno de la República aprecia los reconocimientos que la CIDH hace en su informe al Estado dominicano en materia de avances en la protección de los derechos humanos, pero lamenta profundamente que dicho documento esté cargado de informaciones y juicios obsoletos, desconocedores de cambios significativos y sesgados a partir de una visión incompleta y hasta prejuiciada de la realidad", dijo la Cancillería.
A juicio del organismo, la aplicación de la ley 169-14, sobre regularización de extranjeros en la nación, fue una iniciativa del Gobierno central para resolver el "impasse" generado en materia migratoria por la sentencia 168-14 del Tribunal Constitucional dominicano.
En ese orden, la Cancillería dominicana dijo que la ley sobre regularización asumió los problemas de nacionalidad que enfrentaban determinados grupos de personas, "por lo que no aceptamos, bajo ningún concepto, que la normativa y las políticas del Estado dominicano tengan un fin discriminatorio ni que fomenten la apatridia, como de manera injusta plantea dicho informe".
El organismo sostuvo, además, que se trata de una visión claramente especulativa de la CIDH sobre el soberano proceso migratorio llevado a cabo por la República Dominicana cuando se alega que miles de personas no pudieron acogerse a la categoría B de la referida ley y que, por lo tanto, han quedado en condición de apatridia. "Hablar de miles de casos es una inexactitud que rechazamos, dado que el Gobierno dominicano no ha tenido conocimiento ni de un sola persona que haya podido probar tal situación", apostilló el documento oficial.
La posición dominicana consideró que el problema que confrontaban las personas nacidas en el país, de padres extranjeros, inscritas en la Oficialía del Registro Civil, quedó resuelto con el carácter humano en la aplicación de la Ley 169-14, "por lo que es inaceptable e injusta la acusación que hace la CIDH sobre la supuesta existencia de una política deliberada de privación arbitraria de la nacionalidad de cientos de miles de personas en la República Dominicana".
La Cancillería local expuso, además, su rechazo a la mayor parte del contenido de las conclusiones plasmadas en el informe de la CIDH, por estar cargado de graves omisiones y argumentos sin ningún sustento probatorio, al tiempo que el Gobierno dominicano reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, incluyendo los de aquellas personas extranjeras que viven en la República Dominicana, al amparo de la Constitución y las leyes adjetivas.
Reiteró que el Gobierno central no ha llevado ni lo hará en el futuro, expulsiones masivas como asegura la CIDH, "sino que continuará con su soberana política de repatriaciones de extranjeros que viven en el país de manera irregular, sobre la base de procedimientos individualizados y con un irrestricto apego al respeto a los derechos y dignidad de las personas, pero, asimismo, tampoco aplica ni aplicará repatriaciones de personas de nacionalidad dominicana como falsamente se le imputa al Estado dominicano".
El documento también estableció que "el Gobierno mantiene su inquebrantable compromiso con la cabal ejecución del Plan Nacional de Regularización, a fin de que esas más de 200.000 personas beneficiadas puedan vivir, trabajar en paz y con seguridad en el territorio nacional, disfrutando los beneficios que la ley les concede".EFE
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