Instituciones cívicas reclaman por acto de alguacil presupuesto para la justicia

Santo Domingo.- La instituciones cívicas destacaron que la ley 194-04, en su artículo 3, establece lo siguiente:” El Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%) corresponderá al Ministerio Público. Primero Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), coincidieron en la necesidad de respetar el porcentaje dispuesto por ley del presupuesto para el Poder Judicial y Ministerio Publico, tras manifestar su temor de que estos importantes estamentos jurisdiccionales caigan en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema de justicia.

Asimismo entienden Surun y Potentini, que la justicia es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la nueva constitución y el cambio del código penal aun sin entrar en vigencia más las recientes modificaciones del código procesal penal, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.

Los dirigentes de sociedad civil Consideran indispensable para el combate a la delincuencia, el dignificar a los jueces y fiscales, dotándolos de mejores condiciones de vida, capacidad logística y operativa para tener un mejor desempeño. Finalmente las fundaciones Primero Justicia y Justicia y Transparencia (FJT), Advirtieron mediante el acto de alguacil de referencia, que si el presidente de la república, los ministros de hacienda y economía del gobierno, así como el tesorero nacional, director de presupuesto y los respetivos presidente del senado y cámara de diputados, no obtemperan a cumplir con el presupuesto legal del poder judicial procederán a someterlos a la justicia mediante un ampar