Santo Domingo.- 1. La
aprobación de estos instrumentos jurídicos indispensables ha sido bloqueada
durante los últimos lustros por las fuerzas políticas que han controlado, y
todavía controlan, los mecanismos de elaboración y aprobación de las leyes.
2. Como
resultado de la permanencia de un sistema electoral fundamentalmente
inequitativo, así como de la ausencia de un régimen adecuado de partidos, en la
República Dominicana no están debidamente garantizadas la equidad ni la
transparencia en materia político-electoral: el uso de los recursos del Estado
en beneficio de quienes detentan el poder es una realidad cotidiana y
omnipresente; la legislación vigente tiene serias lagunas que favorecen la
impunidad de los delitos electorales; se mantiene relegadas y subordinadas las
mujeres; se permite la preeminencia del dinero (de cualquier origen que sea) en
la elección de las autoridades y representantes; se tolera la burla de la
democracia al interior de los partidos, y no se le otorgan a la Junta Central
Electoral facultades indispensables para frenar los más graves abusos que
distorsionan la expresión de la voluntad popular.
3. Al
hacerse patente la necesidad y el reclamo de mejorar el sistema electoral y de
establecer una ley de partidos, el partido de gobierno quiso hacer aprobar una
pretendida ley de partidos que dejaba prácticamente intacto el inequitativo y
poco transparente sistema electoral y el régimen de partidos vigentes. El
rechazo generalizado de la ciudadanía y de la mayoría de las organizaciones
políticas, le obligó a renunciar al proyecto de ley que había hecho aprobar de
manera irregular en la Cámara de Diputados con el propósito de hacerse un traje
a la medida.
4. La semana
pasada se anunció que los tres partidos políticos tradicionales de la República
Dominicana se habían puesto de acuerdo entre sí en un nuevo proyecto de Ley
General de Partidos, al cual se le habría adicionado un artículo transitorio
hasta la aprobación de una modificación de la Ley General Electoral.
5. El
proyecto de ley acordado entre los tres partidos aludidos deja fuera aspectos
esenciales orientados a garantizar la transparencia en cuanto al origen y uso
de los recursos que reciben los partidos para su financiamiento; obvia el tema
de la equidad con relación al uso de los medios de comunicación, y mantiene a
las mujeres en una situación de discriminación con relación a su acceso en
condiciones de equidad a las posiciones directivas en los partidos y a las candidaturas
electorales.
6. No
estamos de acuerdo con que se deje de lado la rendición de cuentas. Por eso,
nos oponemos a que se excluya de la ley el establecimiento de topes en el
financiamiento privado y se supriman los controles que permitirían fiscalizar
el origen de los ingresos de las organizaciones políticas. Para nosotros es
fundamental que se obligue a los partidos a informar quiénes son sus donantes,
aspecto que había sido propuesto por la propia Junta Central Electoral en el
proyecto de ley que esta había presentado. Mantener el silencio de la ley en
una cuestión tan crucial como esta significa abrirle de par en par las puertas
del sistema político al dinero proveniente del narcotráfico, del crimen
organizado, del lavado o de cualquier otra fuente ilícita.
7. No
estamos de acuerdo con dejar de regular el uso de los medios de comunicación, a
fin de garantizar el acceso en condiciones de equidad a todas las fuerzas políticas.
En el sistema electoral dominicano un grupo político dotado de los recursos
financieros suficientes, independientemente de su origen y legitimidad, puede
comprar y utilizar a su antojo los espacios de radio y televisión que quiera.
Esta es una situación completamente inadmisible en cualquier sociedad
medianamente democrática.
8. No
estamos de acuerdo con una ley de partidos y un sistema electoral en el que no
se establecen sanciones claras y ejemplarizadoras contra quienes idean,
organizan y ejecutan crímenes electorales que solo tienen como propósito
perpetuar su permanencia ilegítima en las instancias del Estado a quienes los
promueven.
9. No
estamos de acuerdo con seguir relegando a las mujeres, excluyéndolas del lugar
legítimo que les corresponde en el ejercicio de todas las facetas del quehacer
político. No aceptamos establecer supuestos consensos en detrimento de las
mujeres.
10. En
definitiva, no estamos de acuerdo con una ley de partidos que se pretende
aprobar bajo el alegato de que tres fuerzas políticas, por influyentes que
sean, se han puesto de acuerdo en su contenido con el propósito último de
mantener intacto, en sus aspectos fundamentales, un sistema político
desequilibrado fundado en el clientelismo y en el intercambio de prebendas y
favores.
¡No puede
haber consenso social y político en torno a una Ley de Partidos que mantiene,
en sus aspectos nodales, un sistema político inequitativo y poco transparente
que relega a las mujeres!
¡No queremos
una Ley de partidos que sirva de hoja de parra a un sistema político diseñado
para evitar la alternabilidad en el gobierno y avasallar a la oposición!
Alianza País (Alpaís)
Alianza Por la Democracia (APD)
Dominicanos por el Cambio (DxC)
Frente Amplio (FA)
Opción Democrática (OD)
Partido Humanista Dominicano (PHD)
Partido Revolucionario Modernos (PRM)
Movimiento Patria Para Tod@s (PPT)