Max Puig afirma República Dominicana vive un momento decisivo para definir su futuro ambiental

Puig, quien fuese ministro de Medio Ambiente y posteriormente ministro de Trabajo en administraciones del ex presidente Leonel Fernández, apunta que "debemos felicitarnos del crecimiento progresivo de la conciencia ambiental en nuestro país", aunque afirma que el país vive actualmente un momento decisivo para definir su futuro ambiental.

Destaca múltiples peligros para el medio ambiente local, como las empresas mineras que acosan la Cordillera Central, los desarrollos inmobiliarios que asedian las costas, la cultura del 'conuco', atizada por la pobreza y que arrasa los bosques nacionales, así como "la ambición de madereros, promotores inmobiliarios y especuladores se cierne sobre nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas".  

Expresa también preocupación por la falta de un sistema adecuado de tratamiento de los desechos sólidos de las principales ciudades, que tampoco cuentan con un sistema eficiente de aguas servidas. La violación de disposiciones ambientales fundamentales es otro grave peligro para la protección del medio ambiente, afirma Max Puig.  "Esta situación se ve agravada por la falta de sensibilidad y de decisión que caracteriza al Gobierno central, y a la mayor parte de los gobiernos locales, a la hora de cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental", afirma.

"Nuestra respuesta debe ser contundente y centrarse en estrategias, no solamente en el enfrentamiento puntual de los graves problemas ambientales que se manifiestan cada día. Lo importante es la prevención, así como la sanción ejemplar de las violaciones a las leyes que rigen la materia", agrega.  Puig considera fundamental respaldar todas las iniciativas de educación ambiental para la concientización sobre los temas ecológicos y de preservación de los recursos naturales.  

Prioridades y medidas pertinentes

Asume como grandes prioridades nacionales en materia de medio ambiente la protección de las fuentes acuíferas, especialmente las generadas en las principales cordilleras del país; mantenimiento de los bosques nacionales y políticas constantes de reforestación; el cuidado de las costas y arrecifes de coral; el adecuado tratamiento de los desechos sólidos y las aguas servidas y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas establecidas en los permisos ambientales para la prevención de todo tipo de contaminación.  

Como medidas que deben asumir tanto la sociedad como el Gobierno, Puig apunta a la evaluación de todos los efectos que puede producir "la mega minería en un sistema insular como el nuestro, poniendo un freno a nuevas explotaciones mineras extensivas a cielo abierto".  

Otras medidas que plantea como necesarias son la implementación de las leyes existentes en relación a las sanciones previstas para frenar a los responsables de la deforestación provocada por conuqueros, madereros y carboneros; el control y vigilancia de la actividad pesquera en los arrecifes de coral para evitar la depredación a que son sometidos y la aplicación de la legislación en relación al tratamiento y las descargas de aguas residuales en todas las poblaciones del país. 

También considera como medidas imprescindibles para la preservación del medio ambiente "proceder de inmediato al establecimiento del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, previsto en la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00) del año 2000" y "detener las obras de infraestructura dañinas al medioambiente, como lo sería el trazado propuesto para la carretera Santiago-San Juan de la Maguana, cercenando tres áreas protegidas de gran valor".