El Congreso de EE. UU. enfrenta un cierre parcial por tercer día, sin acuerdo entre demócratas y republicanos sobre la financiación federal, especialmente del DHS. Las negociaciones están estancadas debido a exigencias de reformas migratorias. El líder republicano Mike Johnson busca una solución, pero el escenario legislativo es frágil.
Santo Domingo.-
La incertidumbre en Washington se prolonga luego de que el Congreso de Estados Unidos ingresara el lunes en su tercer día consecutivo de cierre parcial del gobierno, sin que demócratas y republicanos lograran consensuar un acuerdo para restablecer la financiación federal. Las negociaciones continúan estancadas y giran principalmente en torno al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las condiciones que ambas fuerzas políticas buscan imponer sobre el funcionamiento de las agencias federales de inmigración.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se mostró optimista y aseguró el domingo que espera una resolución en las próximas horas. “Estoy convencido de que lograremos resolver esto antes del martes”, afirmó, al minimizar la votación pendiente en el pleno y calificarla como una formalidad.
Sin embargo, el escenario legislativo sigue siendo frágil. La incorporación este lunes de un nuevo congresista demócrata tras una elección especial en Texas redujo aún más el margen de maniobra del oficialismo republicano, obligando a Johnson a mantener la unidad casi total de su bancada para aprobar cualquier iniciativa.
Las mayores resistencias provienen del sector ultraconservador del Partido Republicano, cuyos legisladores advirtieron que no respaldarán ningún proyecto que modifique la financiación ni las condiciones operativas del DHS. Para este grupo, aceptar cambios en ese departamento equivale a ceder ante las exigencias demócratas.
Desde el ala republicana también se intensificaron las críticas hacia la oposición. El congresista Chip Roy, de Texas, acusó a los demócratas de utilizar el DHS como “rehén” en una disputa política y de obstaculizar deliberadamente el avance de las conversaciones.
El núcleo del conflicto se concentra en las reformas exigidas para las agencias federales de inmigración, en particular el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presión política aumentó tras la muerte de dos personas durante operativos federales en la ciudad de Minneapolis en menos de un mes.
A finales de enero, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, murió tras recibir disparos de agentes federales en el marco de protestas contra la presencia de fuerzas migratorias. Semanas antes, Renee Good falleció en circunstancias similares durante otro procedimiento federal en la misma ciudad.
Tras estos hechos, los demócratas anunciaron que no respaldarán ningún proyecto de financiación del DHS sin la aprobación de un paquete de reformas obligatorias. Entre sus demandas figuran el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de cubrirse el rostro durante los operativos y la exigencia de una orden judicial previa para detener a migrantes.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, insistió en que no bastan compromisos políticos generales. “No se puede responder solo con palabras”, afirmó, y reclamó que las medidas entren en vigor de inmediato como condición para destrabar el acuerdo.
Dentro del Partido Republicano existe apertura parcial a algunas de estas propuestas, como el uso de cámaras corporales, ya implementado en muchos casos. No obstante, rechazan la prohibición de cubrirse el rostro, al argumentar que los agentes son blanco frecuente de campañas de exposición pública, y se oponen a exigir órdenes judiciales para arrestos en la vía pública, al considerar que la legislación actual no lo requiere.
La falta de consenso dejó en suspenso un esquema transitorio aprobado por el Senado, que contempla cinco proyectos de financiación para cubrir a la mayoría de las agencias federales hasta septiembre y una prórroga de dos semanas para el DHS, mientras continúan las negociaciones sobre la política migratoria. Ante el riesgo de una fractura interna, Johnson reconoció la necesidad de buscar apoyos más allá de su partido. “Necesitamos buena fe de ambas partes”, expresó.
Aunque el cierre parcial ya se extiende por tres días, por ahora no se prevé un impacto inmediato comparable al de la prolongada paralización presupuestaria registrada a fines del año pasado, cuando cientos de miles de empleados federales fueron enviados a licencia sin sueldo o debieron continuar trabajando sin recibir salario.lc
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