El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrenta una investigación por corrupción que podría haber causado pérdidas superiores a 780 millones de pesos. Se descubrió un esquema fraudulento que autorizaba procedimientos médicos inexistentes. El gobierno ha destituido a su director y ordenado auditorías, generando preocupación entre los afiliados sobre la continuidad de servicios médicos.
Santo Domingo.- El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), institución pública creada mediante la Ley 87-01 como parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se encuentra en el centro de una investigación por presunta corrupción que ha sacudido al país. Según medios de prensa locales, el Ministerio Público investiga una red que habría operado durante al menos cuatro años dentro de SeNaSa, generando pérdidas superiores a 780 millones de pesos y un déficit que supera los 3,300 millones.
SeNaSa, que inició operaciones en 2002 y hoy atiende a más de siete millones de afiliados, ha sido reconocida por su impacto social y por garantizar el acceso a servicios médicos esenciales, especialmente a personas en situación de vulnerabilidad. La institución gestiona dos regímenes: el subsidiado, financiado por el Estado, y el contributivo, para empleados públicos y privados. A lo largo de su trayectoria, ha recibido premios de calidad y certificaciones internacionales, consolidándose como la principal ARS del país.
Sin embargo, investigaciones periodísticas —entre ellas las realizadas por la comunicadora Nuria Piera— revelaron que se utilizaban identidades reales de afiliados para autorizar procedimientos médicos que nunca se realizaban, mediante un call center paralelo operado por exempleados. También se denunció un contrato con la empresa Khersum SRL, que recibía hasta 65 millones de pesos mensuales sin una fiscalización clara.
El presidente Luis Abinader confirmó que fue su propio gobierno quien solicitó la investigación en noviembre de 2024. Tras la revelación del escándalo, destituyó al director de SeNaSa, Santiago Hazim, y nombró a Edward Guzmán como nuevo incumbente. Además, se ordenaron auditorías por parte de la Cámara de Cuentas, Sisalril y la Procuraduría Antifraude.
El Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó una transferencia de 6,000 millones de pesos para reforzar la ARS estatal, en medio de la crisis. Mientras tanto, sectores políticos como Fuerza del Pueblo exigen mayor transparencia y acusan al gobierno de encubrir responsabilidades.
La situación ha generado preocupación entre los afiliados, quienes temen que la continuidad de los servicios médicos se vea afectada. El caso SeNaSa no solo pone en tela de juicio la gestión de los recursos públicos, sino también la confianza en una institución que ha sido clave en la protección social de millones de dominicanos.
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