En el primer semestre de 2025, se registraron 27 feminicidios en República Dominicana, una disminución del 25% respecto al año anterior. Sin embargo, la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante, con muchas víctimas asesinadas tras terminar relaciones. La falta de respuesta institucional y la impunidad agravan la situación.
Santo Domingo.- Pese a una leve disminución en los casos de feminicidios registrados, la violencia contra las mujeres en República Dominicana sigue siendo una problemática alarmante. Durante los primeros seis meses del 2025, al menos 27 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en el país, de acuerdo con un informe presentado por la Fundación Vida sin Violencia. Esta cifra, aunque representa una reducción del 25 % con respecto al mismo período del año pasado (cuando se reportaron 36 casos), continúa reflejando un panorama preocupante, especialmente por las condiciones en las que ocurren estos crímenes.
La presidenta de la fundación, Yanira Fondeur, destacó que muchas de estas muertes ocurrieron después de que las víctimas decidieran terminar sus relaciones con los agresores. “Si bien notamos una disminución, preocupa la violencia que enfrentan las mujeres cuando deciden poner fin a una relación. Muchos casos no terminan en muerte, pero igualmente afectan gravemente a las víctimas y no aparecen en las estadísticas”, declaró Fondeur.
El informe también señala que estos 27 feminicidios dejaron un saldo de 37 niños y niñas huérfanos, privados del cuidado de sus madres, muchas veces en condiciones de extrema vulnerabilidad. Las edades de las víctimas oscilaban entre los 15 y los 69 años, evidenciando que la violencia de género no distingue edad ni condición social.
La provincia Santo Domingo encabeza la lista de los territorios con mayor cantidad de feminicidios íntimos registrados en este primer semestre, con un total de seis casos. Le siguen Santiago con cinco y La Vega con tres, sumando entre estas tres provincias 14 de los 27 asesinatos. Esta concentración refleja la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención y protección en regiones específicas del país.
El reporte detalla que en al menos diez de los feminicidios los agresores utilizaron armas blancas, mientras que en nueve casos se emplearon armas de fuego. Tres de las muertes se produjeron por asfixia. Además, siete de los responsables decidieron quitarse la vida tras cometer los crímenes, lo que complica aún más los procesos judiciales y deja sin justicia a las familias de las víctimas.
En cuanto al lugar de los hechos, 17 de los feminicidios ocurrieron dentro de las viviendas de las víctimas, mientras que ocho se perpetraron en espacios públicos. Esto refuerza la idea de que el hogar, en muchos casos, sigue siendo un entorno peligroso para las mujeres.
Según informó el Ministerio Público, en todo el año 2023 se registraron 65 feminicidios en República Dominicana, y en 2024 la cifra fue ligeramente menor, con 63 casos. La tendencia a la baja es leve, y aunque podría interpretarse como un avance, la realidad es que las cifras siguen siendo altas y reflejan la persistencia de un problema estructural.
A mediados de 2025, el procurador general adjunto, Wilson Camacho, recordó que “el feminicidio constituye la forma más extrema de violencia ejercida contra las mujeres”. Durante un acto de formación auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Camacho subrayó: “Detener este problema estructural no es responsabilidad exclusiva nuestra, pero debemos asegurarnos de cumplir a cabalidad con la parte que nos corresponde para que no haya una más. Esta es una responsabilidad institucional”.
Entre los feminicidios más impactantes de estos primeros seis meses figura el de Jessica Pérez, quien fue hallada sin vida en su vivienda del barrio San José, en el municipio de Duvergé, provincia Independencia. Su pareja, identificado como principal sospechoso, continúa prófugo de la justicia. Otro caso estremecedor ocurrió en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, donde Noemí Marte fue asesinada con un arma blanca por su expareja en su propia casa, el día de su cumpleaños. Durante el ataque también perdió la vida su hijo de 11 años, quien intentó defender a su madre. Este hecho generó gran consternación nacional por su crueldad y por el doble asesinato.
A estos casos se suman el de Elania, una mercadóloga y madre de tres hijos, quien fue asesinada por su expareja pese a estar separados desde hacía dos años. La víctima había interpuesto una querella, pero esta nunca fue procesada por las autoridades. Igualmente, en San Juan de la Maguana, Bona Delfa López fue asesinada a tiros luego de denunciar en tres ocasiones a su agresor, siendo rechazada cada vez por la Policía con el argumento de que “no había sistema”.
A pesar de que las mujeres acuden a las autoridades a denunciar violencia, muchas de ellas terminan siendo asesinadas por sus agresores debido a la falta de respuesta institucional. En 2023, según datos de la Procuraduría General, se registraron 62,598 denuncias de violencia de género, pero solo 30,088 órdenes de protección fueron emitidas y apenas 1,689 resultaron en medidas de coerción.
Esta brecha refleja una preocupante realidad: denunciar no garantiza protección. La falta de seguimiento efectivo, la lentitud de los procesos judiciales y la escasez de medidas preventivas continúan dejando a las mujeres en riesgo.
Organizaciones sociales y juristas han advertido sobre la impunidad que impera en muchos de estos casos. La ausencia de protocolos estandarizados y la insuficiente preparación de algunos fiscales y jueces contribuyen a que las órdenes de alejamiento o protección no se ejecuten a tiempo o no se respeten.
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