Las autoridades de Salud Pública intervinieron este viernes el sector de Los Tres Brazos en el municipio de Santo Domingo Este, en un operativo dirigido a enfrentar los casos de Covid-19, principalmente.
El Ministerio Público reiteró que cuentan con evidencias fehacientes que comprometen la responsabilidad penal de los encartados y que procurarán justicia.
La instancia fue depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional contra Leoncio Almánzar Objío, exdirector de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de esa entidad; Manuel Aybar Ferrando, exgerente Inmobiliario, y contra Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos.
El movimiento Marcha Verde se movilizó en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, en reclamo del fin de la impunidad en la cual cientos de activistas realizaron una demostración de sus fuerzas este domingo en el barrio Los Tres Brazos, Santo Domingo Este, donde además brigadas visitaban casa por casa a los residentes.
Para tal mandato, el Procurador General encargó a la comisión del Ministerio Público, que el pasado mes de diciembre, creó para elaborar sendos informes sobre la situación legal específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente.
En rueda de prensa desde el Palacio Nacional, Flavio Darío Espinal dijo que la comisión recomendó a Medina "desconocer la venta y declarar la nulidad de la operación". Asimismo, convertir a los ocupantes de Los Tres Brazos en propietarios de sus terrenos "a título gratuito u onerosos, dependiendo de sus condiciones económicas".
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Entre los imputados por este caso citaron a José De Pool Dominici, presidente de Dofinca, una empresa que, según afirmaron en un comunicado, “frecuentemente ha prestado dinero al PRD, y el partido le ha hecho cesiones de crédito de los fondos que recibe de la Junta Central Electoral”.
El portavoz del comité Milciades Geraldo señaló que con la venta ilegal de los terrenos, los que hoy están en la justicia se llevaron más de 90 millones de pesos de esa comunidad, violaron la paz y tranquilidad de sus residentes, y estafaron al Estado dominicano.
Castillo fue apresada e interrogada por la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), que dispuso su ingreso a prisión preventiva junto a los otros 10 implicados en el supuesto fraude, en espera de las medidas de coerción que ha solicitado el Ministerio Público contra el grupo.
La Presidencia informó que los abogados deberán realizar dicha acción de manera inmediata, en representación del Estado dominicano, junto al abogado del Estado y ante la jurisdicción competente.
El ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, informó además que el Ministerio Público pasará en lo adelante a determinar si procede la acción penal contra los infractores involucrados en la adquisición de los terrenos, luego de la evaluación de los documentos que se le entregarán.
El procurador general de la República, Jean Rodríguez, ordenó elaborar sendos informes sobre la situación específica y el historial detallado de los terrenos que ocupan el vertedero de Duquesa y el sector de Los Tres Brazos, ubicados en los municipios de Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, respectivamente.
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