El Ministerio Público solicitó este viernes penas de entre 20 y 30 años de prisión para seis personas, entre ellas dos funcionarios de la Dirección General de Migración (DGM), acusados de integrar una red de trata de personas en la provincia Independencia, fronteriza con Haití, y que fueron detenidos en 2022 mediante la Operación Iguana.