Santo Domingo.- De acuerdo a la entidad, muchas de esas personas ya poseían documentos oficiales emitidos por el propio Estado dominicano antes de la sentencia 168-13, como actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral y pasaporte.
"La Ley 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización cuenta con la legitimidad jurídica y democrática necesaria para ser cumplida por todos los poderes públicos y autoridades competentes de la República Dominicana", afirmó la onegé en un documento en el que presentó parte de un estudio sobre esta situación.
La sentencia 168-13 fue emitida por el Tribunal Constitucional (TC) en 2013 y establece que no poseen la ciudadanía dominicana aquellas personas que al momento de nacer, desde 1929 en adelante, sus padres se encontraban en situación migratoria no regular en el país.
Quienes se oponen a esa sentencia aseguran que su aplicación colocó en condición de "apátridas" a centenares de miles de personas que nacieron en el país de padres en condiciones migratorias no regular, la mayoría de ellas hijos de descendientes haitianos. La Constitución dominicana no otorga la nacionalidad automática por nacimiento.
El estudio de Participación Ciudadana también arrojó que 7,159 personas nacidas en República Dominicana entre 1929 y 2007, de padres y madres con un estatus migratorio "irregular", cuyos nacimientos no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano, tampoco han obtenido documentación nacional dominicana "a pesar de haber cumplido el proceso exigido" por la misma Ley 169-14.
La organización aseguró que con su investigación se procura "visibilizar la impostergable solución a este conflicto que nunca debió ser", donde "miles de personas" fueron afectadas en uno de los derechos "más fundamentales que atañen a un ser humano" después del derecho a la vida, que es el derecho a una nacionalidad.
"Debemos entender esta realidad y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más", dijo la entidad, que en el país representa a Transparencia Internacional.
Asimismo, recomendó al Estado dominicano implementar una mesa técnica de trabajo en la que se haga representar junto a organismos internacionales y la sociedad civil, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INMRD).
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