Santo Domingo.- Puig considera
que nuestro país forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y
que en tal virtud y está obligado a respetar y hacer respetar los derechos
humanos.
"El gobierno dominicano desaprovechó la oportunidad de rectificar que
le ofreció la sentencia de la Corte IDH, reiterando una política sobre derechos
humanos influida de manera determinante por una ideología extremista que niega
estos derechos y que está conduciendo a nuestro país por el camino sumamente
peligrosos de restricción de la democracia y del Estado de Derecho",
puntualizó.
Al hablar con periodistas esta mañana en rueda de prensa realizada en
la sede de la APD, el dirigente político consideró que la privación de sus derechos de nacionalidad
y los abusos cometidos contra los dominicanos y dominicanas de origen haitiano
forma parte de una estrategia orientada a restringir las libertades públicas y
los derechos democráticos.
"Para sustentar su respaldo a las sentencias del Tribunal
Constitucional el gobierno se ha escudado en una ficticia y formal "separación
de poderes" con la que pretende esconder el hecho incontrovertible de que el
partido de gobierno y el bloque de poder que se articula a su alrededor, tienen
el control absoluto de todas las funciones del Estado. La práctica totalidad de
los y las integrantes de las altas cortes ocupan sus funciones como parte de
una estrategia de control de todas las instituciones públicas. No hay pesos ni
contrapesos en el sistema político dominicano", aseguró.
A seguidas el político y sociólogo explicó que "para el gobierno y los
sectores más derechistas del país el Estado dominicano se desligó de la
competencia de la Corte IDH a través de la sentencia TC 256-14, argumentando
que la República Dominicana puede seguir formando parte del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos", precisando que estas dos afirmaciones son incorrectas.
Para el presidente de la APD "Una sentencia del Tribunal Constitucional
es una vía completamente irregular para negar la competencia del tribunal
internacional, que no está prevista en el convenio suscrito por el Estado
dominicano. Tampoco está contemplado en este tratado que un Estado que lo haya
ratificado pueda desligarse de la Corte y seguir formando parte del Sistema".
Agregó que "la raíz de esta situación reside en que la nueva derecha
expresa su extremismo abjurando de los derechos humanos a partir de postulados
de corte xenófobo y racista que esconde bajo el manto de un populismo seudo
nacionalista".
"El abandono de principios originales y la involución ideológica del
PLD no le permiten a su gobierno abordar la cuestión de los dominicanos de
origen haitiano desde una perspectiva de derechos humanos", afirmó.
Apuntó que si las cosas siguiesen el derrotero trazado por las fuerzas
conservadoras los grandes perdedores serían la República Dominicana, su sistema
institucional y, sobretodo, el pueblo dominicano que vería así disminuidas sus
posibilidades de hacer valer sus derechos.
Precisó que la República Dominicana perdería al quedar excluido nuestro
país de los beneficios económicos, comerciales, políticos e institucionales
vinculados al cumplimiento en materia de derechos humanos.
Expresó el doctor Puig que para la Alianza por la Democracia (APD),
"las acciones desarrolladas por la franja política más conservadora del país,
con la anuencia del gobierno dominicano, representan un grave retroceso
institucional y una amenaza grave y real para el sistema democrático en la
República Dominicana".
Añadió que la APD estará junto a la ciudadanía y a todas las organizaciones
políticas, sociales o de cualquier índole que "estén dispuestas a defender el
régimen democrático y, con él, los derechos humanos, las libertades públicas y
los derechos democráticos".
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