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El Ministerio Público recurrirá decisión juez devuelve yate a Dí­az Rúa
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El Ministerio Público recurrirá decisión juez devuelve yate a Dí­az Rúa

Por Agencia EFE
martes 02 de febrero de 2021, 08:17h
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de un juez de devolver a Víctor Díaz Rúa el yate "Balbie", ocupado por el Ministerio Público como presunta evidencia del caso de sobornos de Odebrecht.
Santo Domingo.- En el recurso de revisión, anunciado este lunes, la Pepca procederá a interponer una demanda en suspensión de la decisión del juez de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional Teófilo Andújar que autoriza la entrega del yate al exministro de Obras Públicas.

Nutberry Limited, una empresa propiedad de Leonardo Font Bernard Guzmán, yerno del imputado por corrupción administrativa, interpuso el recurso de amparo ante el citado tribunal. El Ministerio Público, representado por su titular Wilson Camacho y la fiscal Mirna Ortiz, solicitó al juez Andújar declarar inadmisible el recurso, bajo el argumento de que la vía legal para reclamar la devolución del yate era el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual conoce el juicio de fondo contra Díaz Rúa y los demás implicados en el cobro de sobornos de los 92 millones que Odebrecht confesó haber pagado en República Dominicana.

Sin embargo, el juez Andújar dispuso la devolución del yate y ordenó pagar al Miniterio Público 20,000 por cada día que desacate su decisión. De acuerdo a la Procuraduría General de la República (PGR) el yate marca Pershing, de 60 pies de eslora, matrícula DL1930AF, consignado a "Nutberry Limited BVI, REP, Leonardo Guzmán Fon B." está bajo custodia del Ministerio Público por una resolución del juez de la Suprema Corte de Justicia Francisco Antonio Ortega Polanco, el 19 de septiembre de 2017.

Díaz Rúa, los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, así como el abogado Conrado Pittaluga y el empresario Ángel Rondón, son juzgados por supuestamente repartirse los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en el país para asegurar adjudicarse la ejecución de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
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