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El acuerdo Escazú es el el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe.
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El acuerdo Escazú es el el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. (Foto: Fuente Externa)

Llaman al estado dominicano a ratificar de urgencia acuerdo de Escazú

lunes 21 de septiembre de 2020, 12:37h

Las organizaciones ambientales, climáticas y de la sociedad civil formularon un llamado al Estado dominicano para que ratifique el Acuerdo de Escazú antes del 27 de septiembre para contribuir a que este convenio entre de inmediato en vigencia , para lo cual deben haberlo ratificado once países de la región antes de esta fecha.

Santo Domingo.- Formularon este llamado el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Fundación Ecológica Macorís Verde, Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Asamblea Nacional Ambiental (ANA), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD).

También están la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), Grupo Jaragua, Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), Fundación La Negreta, Programa de Acción Comunitaria para el Medio Ambiente (PACMA), Asociación Dominicana de Especialidades Ambiental Públicos Autorizados (ADEAPA) y el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE).

Explicaron que el Acuerdo fue suscrito el 27 de septiembre de 2018, estableciéndose un plazo de dos años, hasta el 27 de septiembre de 2020, para que fuera ratificado y entrara en vigencia.

Plantearon que ya nueve países lo han ratificado, faltando aún dos naciones para que entre en vigencia. Los países que hasta la fecha han ratificado el Acuerdo de Escazú son Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Indicaron que entre los países con mayores posibilidades para ratificar este acuerdo antes de la fecha límite están México, Argentina y República Dominicana, por estar gobernados por sectores progresistas y democráticos identificados con los propósitos del convenio regional.

Señalaron que en México y Argentina el proceso de ratificación está muy avanzado y en cualquier momento puede ocurrir. En cambio en República Dominicana, el Acuerdo de Escazú aún permanece estancado en la Cancillería después de dos años que el Gobierno dominicano lo suscribiera.

Informaron que el pasado miércoles 16, apelaron al canciller Roberto Álvarez para que no demorara más este convenio y lo despachara de urgencia a la Consultoría Jurídica de la Presidencia para que ésta a su vez lo envíe al Tribunal Constitucional, con el propósito de que revise su conformidad con la Constitución, y finalmente sea sancionado por el Congreso Nacional.

“Les pedimos a las actuales autoridades, especialmente del Tribunal Constitucional, de la Cámara de Diputados y del Senado, el mejor de sus esfuerzos en esta carrera contra reloj para asegurar la entrada en vigencia de este Acuerdo”, exhortaron.

Consideraron que por la trascendencia de este Acuerdo todos los estamentos del Estado involucrados en su ratificación, especialmente el Tribunal Constitucional y el Congreso Nacional, deben hacer un supremo esfuerzo para que este proceso concluya antes del 27 de septiembre.

“En este momento en que la región de América Latina y el Caribe está convulsionada, requiere que la democracia sea transformada de democracia representativa a participativa y el Acuerdo de Escazú promete mayor participación de las personas en la toma de decisiones, lo que reduciría los conflictos socioambientales”, dijeron.

Expusieron que este convenio garantiza el acceso a la Información, la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la Justicia en asuntos ambientales, así como la protección de los defensores de derechos humanos ambientales.

Denunciaron que a pesar de los esfuerzos que durante los dos últimos años han realizado para que este acuerdo fuese ratificado, las autoridades pasadas no les hicieron caso.

Afirmaron que dirigieron cuatro comunicaciones a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Diputado, a los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, sin que ninguno de ellos respondieran a los reclamos de que se ratificara el Acuerdo.

“Se requiere que la República Dominicana, que ha sido protagonista de este Acuerdo desde el comité gestor en el 2012, en la Conferencia de Río + 20, con los primeros 10 países que se propusieron impulsar este instrumento jurídico regional, pasando por la vicepresidencia de la mesa directiva conjuntamente con Chile, continúe teniendo ese protagonismo y que sea de los primeros 11 países en ratificar dicho Acuerdo Regional”, aseguraron.

Manifestaron que este Acuerdo es el más importante a nivel global en los últimos 20 años en materia de derechos humanos y medio ambiente, tal como lo ha establecido el relator especial de derechos humanos y medio ambiente de las Naciones Unidas.

“Queremos que República Dominicana quede en la historia de las Naciones Unidas como protagonista del Acuerdo más democrático en materia de derechos humanos y medio ambiente de este siglo, hasta ahora aprobado”, expresaron.

Sobre el acuerdo de Escazú

Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que tuvo lugar el Escazú, Costa Rica en marzo del 2018.

Según publica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la idea de este Acuerdo Regional tuvo lugar durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y su propósito es servir de instrumento jurídico en materia de protección ambiental, aunque también es un tratado de derechos humanos.

En el mismo documento, la CEPAL establece que el acuerdo de Escazú, constituido como el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, tiene como objetivo garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.

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