Santo Domingo. EFE. Tras meses de protestas callejeras que
dejaron muertos y heridos pidiendo la conservación de esta loma y de estudios,
incluso uno realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a solicitud del propio Gobierno, el Congreso Nacional (bicameral)
declaró de urgencia y aprobó la ley que declaró a la loma Miranda como Parque
Nacional.
La pieza legislativa impide que la empresa
dominicana Falcondo, subsidiaria de la canadiense Falconbridge, explote esa
área, ubicada en la provincia de La Vega (norte) y rica en ferroníquel.
Los legisladores dominicanos, frecuentemente
cuestionados por diferentes sectores, se pusieron en esta ocasión del lado de
los defensores de loma Miranda y la semana pasada le refrendaron su apoyo
aprobando dicha ley, a pesar de que desde el mismo Ejecutivo se había advertido
de las consecuencias de la norma y de la cuantiosa indemnización que tendría
que pagar el Gobierno a Falconbridge.
La aprobación causó la euforia colectiva y,
por primera vez en años, los legisladores fueron vistos como héroes entre una
población acostumbrada a tratarlos como los 'villanos de la película'.
Pero la algarabía duró poco. Cinco días después
de que el Senado diera su visto bueno a dicha ley, Medina la vetó al destacar,
en una carta remitida a la Cámara alta, que la iniciativa contraviene la
Constitución en aspectos de seguridad jurídica, ley de minería y tratados
internacionales firmados por el país.
Las violaciones a la Carta Magna, asegura
Medina, también incluyen la del propio proyecto cuando, enfatiza, no identifica
los recursos de donde serían resarcidos los propietarios de terrenos dentro del
área declarada como Parque Nacional.
Añadió que al declarar loma Miranda como
Parque Nacional se impide el aprovechamiento futuro de ese recurso natural y
viola con ello lo que expresa la Constitución, de que el Estado puede explotar
los recursos naturales dentro de su territorio o perímetro marítimo siempre y
cuando no afecte el entorno.
El Ejecutivo señaló que su objeción no
significa que el Gobierno esté de acuerdo con la explotación de loma Miranda o
de que haya cambiado su posición expresada el 6 de junio de 2013, cuando el
Ministerio de Medio Ambiente detuvo los intentos de Falconbridge de explotar
esa montaña.
Tras el veto presidencial, el proyecto
regresó al Senado (dominado de manera absoluta por el oficialismo) y los
propios legisladores que una semana antes aprobaron la pieza, esta vez
acogieron la decisión de Medina.
El rechazo a la decisión de Medina no se
hizo esperar, desde partidos políticos hasta organizaciones de la sociedad
civil han expresado su frustración por el veto a la ley y han acusado al
mandatario de actuar con "irresponsabilidad" frente al caso.
Incluso, el controvertido sacerdote Rogelio
de la Cruz llamó a la 'desobediencia civil' pidiendo a los ciudadanos no enviar a sus hijos a las escuelas y no pagar impuestos.
Contrario a estas críticas, el oficialista
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como era de esperarse, ha expresado
su total apoyo a Medina en este tema y el empresariado, también del lado del
gobernante, califica esta decisión de "responsable".
Este es el primer "pleito" entre
Medina y la población desde que este se instaló el 16 de agosto de 2012 en el Palacio
Nacional y cuya popularidad, gracias principalmente a sus programas de
asistencias sociales y su respaldo a la educación, lo han mantenido con una
popularidad que sobrepasa el 80 %, según las encuestas.
La cuestión ahora es qué tanto podría afectar
esto la imagen del mandatario, que el año pasado se erigió como el 'redentor'
de sus compatriotas al obligar la revisión del contrato que la también
canadiense Barrick Gold firmó con el Estado para explotar la mina Pueblo Viejo,
uno de los mayores depósitos de oro del mundo y situada en el noreste del país
caribeño.