APD interpone Recurso de Amparo ante el TSE solicitando dejar sin efecto voto automatizado

Santo Domingo.- En su documento, la APD pide protección en virtud de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral Nº15-19, en su artículo 99, establece que para la automatización progresiva del proceso de votación la Junta Central Electoral debe probar los sistemas que se usarán, por lo menos con seis (6) meses de anticipación a la fecha de votación, requisito no cumplido y vencido para las elecciones de febrero y mayo de 2020.

Para Miguel Ferreras, secretario nacional de organización de la APD, la Junta Central Electoral aprobó un protocolo faltando a su propia palabra cuando dijo el 29 de octubre pasado que “el voto automatizado sólo será implementado en las próximas elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 si hay consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos”.

Además, la organización indica que la Ley 15-19, en su artículo 231 y siguientes establece el escrutinio de los Colegios Electorales en forma manual con levantamiento presencial del acta por parte de los miembros de los colegios y los delegados presentes, por lo que el protocolo del voto automatizado hace imposible la anulación de boletas, el cotejo manual entre la boletas computadas y la lista de electores, así como, las boletas de más o menos.

La APD entiende que con el protocolo aprobado por la Junta Central Electoral para la implementación del voto automatizado, no quedan protegidos los derechos de verificación de los delegados, la consignación directa en el acta de escrutinio de las impugnaciones y las firmas de las mismas, todos ellos, garantías del debido proceso y la tutela administrativa electoral, a ser ejecutadas antes, durante y al final del proceso de votación.

La organización entiende además, que el protocolo aprobado por la Junta Central Electoral viola los artículos 208, 209 y 211, de la constitución de la República sobre la libertad, el secreto del voto y la responsabilidad que tiene el órgano electoral de garantizar la libertad, la transparencia, la equidad y la objetividad de las elecciones.

En ese sentido, reiteran que las actividades de la JCE están sujetas a la Constitución y las leyes vigentes, recordando que un reglamento o protocolo no puede estar por encima de una ley.
“Cada vez la Junta cumple menos, se aleja más de la ley y pierde credibilidad ante la población”, dijo el político.

“Por ese camino la Junta nos llevará, junto al Gobierno, a la ingobernabilidad política y que las próximas elecciones terminen a palos y piedras”, precisó.

Carlos Sánchez, aprovechó para criticar que la Junta Central Electoral se ha hecho de la vista gorda anta el uso y el abuso de los recursos públicos que esta realizando el presidente Danilo Medina con su participación abierta en la campaña en perjuicio de las demás candidaturas y en violación a las leyes y los principios éticos y morales que debe tener un mandatario.