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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (Foto: Fuente Externa)

La Procuraduría considera inconstitucional el decreto de Bolsonaro que libera el porte de armas

miércoles 15 de mayo de 2019, 08:47h
El decreto por el que el presidente Jair Bolsonaro flexibilizó la posesión y el porte de armas en Brasil contiene una serie de artículos que atentan contra la Constitución brasileña, según un parecer divulgado este martes por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano.

Rio de Janeiro.- El parecer de este organismo vinculado al Ministerio Público Federal de Brasil fue enviado este mismo martes al Congreso, que podrá modificar o anular el decreto que el líder ultraderechista firmó el 7 de mayo pasado y que amplía los derechos a posesión, comercialización y porte de armas y municiones en Brasil.

La constitucionalidad del decreto también ha sido cuestionada por organismos del Senado y de la Cámara de Diputados y obligó a magistrada Rosa Weber, una de las integrantes de la Corte Suprema, a pedirle al mandatario que "explique" los términos de su decreto antes de juzgar una serie de denuncias contra la legalidad de la medida.

Tras la serie de críticas a su iniciativa, que fue una de sus promesas de campaña electoral, Bolsonaro ha admitido que "si el decreto es inconstitucional, entonces tiene que dejar de existir", aunque ha dado a entender que la medida no será suspendida ni retirada por iniciativa propia del Gobierno.

"El escenario es de inconstitucionalidad integral del decreto. Las ilegalidades se acumulan en prácticamente todos las actividades reguladas por la propuesta: la posesión, la compra, el registro, el porte, el tiro deportivo y las municiones", según el documento divulgado por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano.

De acuerdo con el organismo, por tratarse de una propuesta que altera políticas que fueron adoptadas en el pasado mediante ley, Bolsonaro no puede flexibilizar el llamado Estatuto del Desarme (2003) mediante un decreto ejecutivo y sólo podría hacerlo mediante un proyecto de ley a ser discutido y aprobado por el Legislativo.

El organismo agregó que el Gobierno no promovió una discusión "transparente y plural" de su iniciativa para armar a los ciudadanos como forma de mejorar la seguridad pública, ni presentó argumentos para justificar el proyecto.

"La iniciativa de ampliar la posesión y el porte de armas de fuego refuerza prácticas que jamás produjeron buenos resultados en Brasil o en otros países. Su adopción sin discusión púbica también atropella el proceso para implantar un Sistema Único de Seguridad Pública en Brasil", agrega el parecer.

De acuerdo con el organismo, la iniciativa tan sólo busca cumplir una promesa de campaña hecha por el jefe de Estado pero no respeta los principios de legalidad ni de separación de poderes, así como tampoco "el deber público de promover seguridad".

El decreto de Bolsonaro da el derecho a portar armas a políticos que ejerzan un cargo público, camioneros, periodistas que cubran asuntos policiales, cazadores, dueños y socios de clubes de tiro, abogados, agentes de tránsito y residentes en zonas rurales, entre otros.

El decreto también libera la importación de municiones y armas para todas las personas autorizadas a portarlas, previa autorización del Comando del Ejército, que junto con la Policía Federal estará a cargo de la fiscalización de todo lo relativo a los permisos.

Bolsonaro, quien se declara "armamentista", dijo al sancionar el decreto que "la seguridad pública comienza dentro de casa" y que el Gobierno pretende garantizar "el derecho individual de que cada quien que quiera tener y portar un arma de fuego lo pueda hacer", siempre y cuando se atenga a los límites legales.

Las nuevas normas decretadas por el presidente complementan otras anunciadas en enero pasado, que ablandaron las exigencias para la venta de armas a civiles.

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