Santo Domingo.- El recurso fue presentado el pasado 22 de abril por la defensa de Conrado Pittaluga después de que el juez rechazara acoger su solicitud para que ordenara a una compañía telefónica que entregara al imputado unos documentos sobre la intervención del teléfono de uno de los hijos del acusado, que también forma parte de su barra de defensa.
El juez Ortega Polanco rechazó el incidente por considerarlo improcedente, en virtud de que el proceso se encuentra en la etapa preliminar, y aplazó sin fecha la audiencia preliminar del caso.
A través de un comunicado, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, valoró como positiva la decisión del pleno de la SCJ y afirmó hoy que Pittaluga y su defensa "utilizan esas estrategias para distraer y confundir, no solo al tribunal y a la opinión pública, sino también al país, respecto a la grave acusación que pesa en contra de su defendido por los delitos de enriquecimiento patrimonial derivado del lavado de activos".
Asimismo, afirmó que los imputados por este caso "han intentado de torpedear el proceso de manera infructuosa, siendo una muestra de ello el rechazo del tribunal a los incidentes presentados" y reiteró que el Ministerio Público cuenta con más de 1.700 pruebas "que los vinculan a todos y cada uno con los graves hechos de corrupción que se les imputan".
Además de Conrado Pittaluga, por los sobornos de Odebrecht están imputados los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).
Asimismo, el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), así como el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares que Odebrecht confesó haber pagado en el país como sobornos para que le fueran concedidos contratos de infraestructuras públicas entre 2001 y 2014.
El grupo está acusado de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, delitos que los imputados niegan.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
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