República Dominicana se desmarca del Pacto Mundial para la Migración de la ONU

Santo Domingo, 4 dic (EFE).- República Dominicana anunció hoy que no firmará el Pacto Mundial para la Migración de la ONU, que se rubricará entre el 10 y 11 de diciembre en una conferencia internacional en Marruecos, y se suma así a países como EE.UU., Israel, Austria o Hungría.

El Gobierno dominicano, además, no asistirá a la conferencia internacional en Marruecos en la que se aprobará y adoptará el pacto, según informó en una rueda de prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

Al anunciar la decisión del presidente dominicano, Danilo Medina, Espinal señaló que el pacto tiene "disposiciones contrarias al interés nacional".

Diversos sectores, incluida la casi totalidad de la oposición, la cúpula empresarial y legisladores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habían pedido al Gobierno no rubricar el acuerdo, bajo el argumento de que atenta contra la soberanía nacional.

En la rueda de prensa, Espinal dijo que si bien el acuerdo tiene "innumerables disposiciones que son bien vistas por el Gobierno dominicano, así como la gran mayoría de los Gobiernos alrededor del mundo" también tiene disposiciones "que resultan contrarias al interés nacional".

A su vez, subrayó, que aunque el pacto no tiene carácter vinculante por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablando, su adopción "generaría compromisos al Estado dominicano que podrían socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de estas normas exige".

Igualmente, apuntó, que el pacto pondría cargas al Estado dominicano que dado el contexto particular del país, que comparte con el deprimido Haití la isla La Española, "podría desbordar con creces nuestros recursos".

Asimismo, el acuerdo "crearía compromisos internacionales que le impedirían al Estado dominicano, o lo limitarían enormemente, para dar respuestas a situaciones que puedan presentarse en nuestra frontera terrestre como resultado de las condiciones estructurales y los procesos políticos y sociales que se vive en el país vecino".

Espinal dijo que República Dominicana tiene presiones y desafíos en materia migratoria que trascienden una coyuntura circunstancial que, mas bien, son resultantes de la condición prácticamente única en el mundo de una isla con dos países que tienen desbalances enormes en materia económica, social, medioambiental y de seguridad.

También expuso que la adopción de un pacto de esta naturaleza "por lo que envuelve y por lo que implica" requiere de un consenso básico en la sociedad dominicana "que no parece existir en las actuales circunstancias".

En los últimos días, se han multiplicado las voces en el país que pedían al presidente Danilo Medina no firmar el pacto.

Distintos sectores consideran que el país no tiene la posibilidad económica de acoger más inmigrantes debido a la gran presencia de haitianos en la República Dominicana, que comparte con Haití la isla caribeña La Española.

Según datos oficiales, la población extranjera residente en la República Dominicana asciende a 847.979 personas y el 88,5 % de esta es nacida en Haití o es descendiente de inmigrantes haitianos.

Este martes, el opositor Partido Reformista Social Cristiano consideró que la firma de los pactos migratorios equivaldría a la fusión en una sola nación de República Dominicana y Haití, y señaló que la migración haitiana se ha convertido en una seria amenaza para la soberanía nacional.

Otros sectores, como el opositor Opción Democrática, defendían la firma del documento al recordar que más de 2 millones de dominicanos residen en el extranjero, una buena parte de ellos en condición irregular.

El primer Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular fue alcanzado en julio pasado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por todos los Estados miembros de ese organismo, con la única excepción de Estados Unidos, que se desmarcó del proceso a finales de 2017.

Desde entonces Suiza, Hungría, Austria, Estados Unidos, Australia, Bulgaria, Israel, Polonia y la República Checa han anunciado que no ratificarán el acuerdo.

El acuerdo no es vinculante y deja claro que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito.

El documento consta de 23 objetivos, entre los que se encuentran garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos.