Keiko Fujimori sufre serio revés en la investigación por la que sigue detenida

Lima.- Keiko Fujimori se enteró hoy desde la sede policial donde permanece detenida que la Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó sus recursos para archivar la investigación por lavado de activos en la financiación de su campaña para elecciones presidenciales de 2011, caso que motivó su detención este miércoles.

El tribunal determinó que la investigación empezó el 8 de marzo de 2016 y termina el 7 de marzo de 2019 después de que el fiscal contra el lavado de activos a cargo del caso, José Domingo Pérez, ampliara el plazo a 36 meses por su complejidad y lo catalogara como crimen organizado.

Dada la complejidad del caso, "es un tiempo razonable", remarcó la jueza Elvia Barrios, presidenta de la Sala Penal Permanente del tribunal supremo.

El recurso estaba previsto que lo resolviera inicialmente la Segunda Sala Penal Transitoria que presidía el juez César Hinostroza, destituido e inhabilitado por diez años al ser el presunto cabecilla de una trama de corrupción judicial desvelada en las altas esferas de la judicatura peruana.

Las conversaciones telefónicas que revelaron esta red de tráfico de influencias, favores y prevaricación mostraron que Hinostroza se reunió antes de que su tribunal viera el recurso de Fujimori con una "Señora K" de la "Fuerza Número Uno", apelativo que presumiblemente se refiere a Keiko.

Tampoco procedió otro recurso presentado por Fuerza Popular contra la investigación por lavado de activos que se le sigue al partido por presuntamente haber financiado la campaña electoral de 2011 con fondos de origen ilegal, caso que se abrió el 20 de octubre de 2015 y debe finalizar la próxima semana, el 19 de octubre.

A Keiko Fujimori le queda todavía otro recurso de amparo pendiente en la Corte Suprema que resolver la Primera Sala Constitucional, cuyo objetivo es el mismo: archivar las investigaciones que sigue el fiscal Pérez contra la líder del fujimorismo, principal fuerza de la oposición.

Las decisiones de la Corte Suprema le fueron comunicadas a Keiko por su abogada, Giuliana Loza, quien la visitó en la sede policial donde hoy cumplió el primero de los diez días de detención fijados por el juez de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional Richard Concepción Carhuancho, a petición del fiscal Pérez.

"Coincide conmigo en que la sentencia no respeta los derechos fundamentales pero respetamos la decisión. Se le vio sobre todo indignada. Situaciones como estas no deben permitirse, por el bien del estado de derecho", comentó Loza a periodistas.

La letrada calificó de lamentable la situación que atraviesa su defendida, quien hoy pudo comunicarse por teléfono con sus dos hijas menores por primera vez tras su detención.

Loza señaló que "lo más importante" para ellos es lograr lo antes posible la anulación de la detención mediante un recurso interpuesto en el que alega que no existe peligro de obstrucción a las investigaciones ni peligro de fuga por parte de Keiko.

Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, y el congresista fujimorista Miguel Torres aseguraron hoy, sin pruebas, que la detención de Keiko es parte de una persecución política y un intento de quebrar el orden democrático e institucional en el país.

En una conferencia con la prensa extranjera, afirmaron que la anulación del indulto al expresidente Alberto Fujimori y la detención de su hija se debe a la lucha contra la corrupción del fujimorismo y a la próxima publicación del informe de la comisión parlamentaria Lava Jato, que investigó los sobornos de constructoras brasileñas, entre ellos Odebrecht, a funcionarios.

La investigación contra Fujimori se centra en los cocteles organizados por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), galas en las que logró recaudar más de 2,1 millones de soles (unos 630.000 dólares) para la candidatura presidencial de Keiko, según el informe fiscal.

Sin embargo, las investigaciones no han podido determinar a las personas que hicieron las donaciones, por lo que el fiscal sospecha que se trata grandes aportes no declarados e ilícitos que se enmascararon con multitud de ficticias donaciones pequeñas de particulares.

Entre ellos puede estar supuestamente el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la candidatura de Keiko Fujimori