Autoconvocados se manifiestan en Nicaragua a pesar de "acecho" policial

Managua.- Cientos de manifestantes autoconvocados de Nicaragua realizaron hoy una cadena humana en Managua, en apoyo a los "desaparecidos políticos" que atribuyen al Gobierno del presidente Daniel Ortega y a pesar del que han calificado como "acecho" de la Policía Nacional.

Con la denominada "Cadena humana por nuestros desaparecidos políticos" los autoconvocados mostraron su solidaridad con cientos de personas que no se sabe si están en las cárceles o fueron víctimas de "ejecuciones extrajudiciales", según los organismos humanitarios.

"No tenemos miedo" o "Asesinos" fueron algunas de las consignas que dedicaron los manifestantes a los agentes de la Policía Nacional.

La cadena humana, que se desarrolló de manera pacífica, fue programada este jueves para coincidir con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado por la ONU cada 30 de agosto desde 2011.

Según organismos humanitarios locales, en Nicaragua existen unos 400 a 500 "reos políticos" desde el estallido social de abril contra Ortega.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por "desapariciones forzadas", así como "detenciones arbitrarias o ilegales con carácter generalizado" y "uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza señalamientos similares al Gobierno nicaragüense, apoya las conclusiones de la Acnudh.

El organismo mundial también lo señaló de la "criminalización y persecución de todas aquellas personas que participaron en las protestas o que son de alguna forma percibidas como opositores al gobierno".

La represión en Nicaragua ha dejado más de 300 muertos, según la Acnudh, y 322 de acuerdo con la CIDH, mientras organizaciones locales calculan hasta 448. Sin embargo, Ortega ha enfatizado que solo son 198 las víctimas.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas reformas de la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.