Santo Domingo. Sin duda la
ocupación estadounidense de la isla Quisqueya en 1915/1916 marca el inicio de
flujos migratorios importantes desde el Oeste hacia el Este. Sin embargo,
varias fuentes aportan datos sobre el uso, a partir de 1880, de la mano de obra
antillana-inglesa y haitiana en el marco de la primera modernización de la
industria azucarera dominicana por inversionistas cubanos.
Sin embargo, el
enfoque oficial no ha destacado lo dicho arriba. Por más de tres cuartos de
siglo, el tema migratorio, sin una política definida, ha ocupado la agenda
bilateral en base a su manipulación ultranacionalista y por las constantes denuncias
de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, por los problemas adyacentes
tales el trafico y la trata de personas incluyendo niños en la frontera.
Toda vez, desde
principios de los '90, dos aspectos han tenido que ser tomadas en cuenta. Por
un lado, con un componente irregular significativo, República Dominicana se ha
convertido en un país de mayor emigración que de inmigración. Por otro lado,
las repercusiones internacionales de la cuestión migratoria haitiana.
Estas últimas
han llevado al extinto presidente Joaquín Balaguer a realizar un intento de
regularización migratoria a través del decreto 417-90 de octubre de 1990. Ocho
meses después, de manera muy contradictoria, por el decreto 233-91, ordenada la
repatriación de los menores haitianos de 16 y mayores de 60 años que trabajaban
en los bateyes del país.
Más de 35,000
personas fueron expulsadas hacia Haití en ese proceso en condiciones
violatorias del propio decreto. Otras miles se quedaron sin sus documentos
entre otros "fichas" del Consejo Estatal del Azúcar y cédulas facilitadas
durante las elecciones, por lo cual no pudieron declarar a sus hijos al nacer
quienes hoy deben ser consideradas como víctimas de la ley de naturalización.
En un ambiente
de similar impacto internacional del tema migratorio que hace 24 años, el
gobierno dominicano llevará a cabo a partir de junio un nuevo proceso de
regularización. El mismo está basado en la ley de migración 285-04 y su
reglamento 631-11, la sentencia TC 168/13, el decreto 327-13 y la ley 169-14.
Si la normativa esta clara existe cierta duda respecto a las metas que se hayan
fijado las autoridades.
En tal sentido,
el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) debería prestar el
eslogan del Plan Nacional de Alfabetización "Que no se quede nadie" Quisqueya
Aprende Contigo tiene como meta 851,396 alfabetizados a final de diciembre de
este año. En lo que concierne a los haitianos, el PNRE debe tener como
objetivo, la totalidad de los inmigrantes irregulares que pueden probar su
arraigo de los 458,233 estimados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) a
través de la encuesta nacional de inmigrantes (ENI-2012).
Por lo tanto, es
urgente contrarrestar la percepción que la meta sea alcanzar el número más alto
posible de inmigrantes "no calificados" para proceder, sin contemplación ni
consideración a la contribución de la diáspora haitiana a la República
Dominicana, a una expulsión masiva a partir de diciembre del 2015.
De tal manera es
preocupante, que a pocos días de iniciarse el PNRE no se haya lanzado una
campaña de información en español y creole para los interesados; no haya una
plataforma de coordinación con las Iglesias, las ONG y la comunidad haitiana;
ni que los gobiernos dominicanos y haitiano hayan firmado un acuerdo de
cooperación sobre el tema.
Fuente: Edwin
Paraison
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