Santo Domingo.- La pieza
legislativa establece entre sus objetivos un régimen especial en beneficio de
hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio
nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de
abril del 2007, asentados en los libros del Registro Civil dominicano en base a
documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de
la inscripción.
Asimismo, el
registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la
República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil, como lo
estatuye el artículo 1, en sus literales a y b.
La Ley
establece en su artículo 2, sobre la Regularización, que la Junta Central
Electoral procederá a regularizar o transcribir en los libros del Registro
Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las
actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el
literal a del artículo anterior.
"Subsanada
la referida irregularidad en virtud de esta ley, la Junta Central Electoral los
acreditará como nacionales dominicanos", se explica en el texto.
Sobre la
naturalización, la pieza legislativa explica que los hijos de extranjeros
nacidos en la República Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto
en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria
irregular, podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley
que rige la materia una vez hayan transcurrido dos años de la obtención de una
de las categorías migratorias establecidas en la Ley General de Migración,
siempre que acredite mediante certificación la inexistencia de antecedentes
penales.
En lo que
atañe a las sanciones, la nueva ley dispone que la falsedad en la que incurra
una persona al realizar una solicitud de registro de extranjero, en nombre
propio o en su condición de padre, ascendiente, colateral privilegiado o tutor,
o en el procedimiento de naturalización especial, será castigada con pena de
reclusión de dos a cinco años y multa de diez a veinte salarios mínimos.