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Marcha Verde dice Gobiernos dominicanos violaron Constitución por Odebrecht

Por EFE
jueves 29 de junio de 2017, 15:07h
El movimiento Marcha Verde denunció hoy que los tres últimos Gobiernos que ha tenido el país violaron la Constitución para favorecer los contratos millonarios que obtuvo la constructora brasileña Odebrecht para ejecutar obras estatales a partir de 2002.
Santo Domingo.- El colectivo, que inició en enero pasado su lucha contra la corrupción e impunidad que, asegura, campean en el país, presentó un documento que señala que el Ejecutivo y el Congreso violaron "sistemáticamente" las leyes del Presupuesto General del Estado y de administración financiera, para aprobar y ejecutar las obras de la "multinacional mafiosa".

"El comportamiento, en la forma y el fondo, en que el Gobierno ejecuta las obras contratadas con la constructora Odebrecht y sus asociados dominicanos es una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos y para ello lo ensucian y corrompen todo", afirma el movimiento en un documento.

De acuerdo con sus datos, entre 2002 y 2016 el Legislativo aprobó 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución por Odebrecht, por un monto de 3.132 millones de dólares, equivalente al 11,7 % del total de la deuda del sector público no financiero y al 4,4 % del producto interno bruto.

Según Marcha Verde, a esto se añade la financiación sin la debida aprobación congresual.

También exigió que sean encausados otros funcionarios y exfuncionarios en el caso de los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió que pagó en el país para lograr la adjudicación de contratos públicos entre 2001 y 2014.

En ese orden, criticó que varios de los "principales funcionarios responsables de firmar y gestionar contratos o préstamos de Odebrecht" no han sido investigados ni sometidos a la Justicia.

Entre estos mencionó al vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Bichara; a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina; a la expresidenta del Senado y actual legisladora, Cristina Lizardo; así como a los exministros de Hacienda Vicente Bengoa y Simón Lizardo, actual administrador del estatal Banco de Reservas.

Por el caso de los sobornos guardan prisión preventiva y arresto domiciliario un grupo de ocho exfuncionarios que desempeñaron sus cargos en los Gobiernos de los exjefes de Estado Hipólito Mejía (2000-2004); Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y el actual gobernante, Danilo Medina, quien completó su primer período en 2016, tras lo cual obtuvo la reelección.
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