Indicó que estos poderes deben identificar en su investigación a las personas que distribuyeron y recibieron los sobornos, así como reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplaciónalguna el régimen de consecuencias correspondiente.
Santo Domingo.-La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM) consideró que la práctica generalizada de sobornos establecida por la empresa Odebrecht en 12 países, incluido República Dominicana, obliga a los poderes públicos, particularmente al Poder Judicial, el Congreso Nacional y los demás órganos de control, a investigar todos los contratos suscritos y ejecutados por esta empresa en el país.
Asimismo, indicó que estos poderes deben identificar en su investigación a las personas que distribuyeron y recibieron los sobornos, así como reunir las pruebas pertinentes y someterlos a la justicia para que se aplique sin contemplaciónalguna el régimen de consecuencias correspondiente.
“La existencia de sobornos de por lo menos 92 millones de dólares ya ha sido confesada por Odebrecht ante la justicia norteamericana, por lo que este no debe ser el punto a probar, sino quienes fueron los destinatarios finales de esos fondos, sus intermediarios y cuál es el daño económico total causado al país”, señaló en un comunicado.
Precisó que las leyes dominicanas obligan al sobornador, en este caso Odebrecht, a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían 184 millones de dólares, a lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato “y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos”.
“Por lo tanto el Estado dominicano debe reclamar por lo menos 346 millones de dólares más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores”, señaló.
Resaltó que la pretensión de ocultar los pagos por sobornos bajo el concepto de honorarios profesionales recibidos por representación comercial, obliga a las autoridades a identificar en qué cuentas se recibieron tales valores, y cuál fue su destino final.
Además, si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal.
Si (
No(
