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La enseñanza de la Constitución en las escuelas: un nuevo reto

Por Enmanuel Díaz Santiago
domingo 27 de noviembre de 2016, 19:49h
República Dominicana es precisamente uno de los países que más recientemente ha asumido el rol de gran preponderancia que tiene el derecho constitucional en su régimen de orden público. De hecho, no fue hasta 2010 cuando abrimos una judicatura especializada en el tema constitucional, dígase el Tribunal Constitucional.

La Carta Magna, como también es llamado el documento de derecho sustantivo, es, como su nombre lo indica, la ley constitutiva de la nación. Por ello no debe extrañarnos que, aunque tarde, el Estado dominicano haya asumido por fin la tarea de enseñar sobre la Constitución a niños en donde debe hacerlo: en la escuela.

Recientemente en los medios de comunicación y prensa escrita hemos tenido la oportunidad de leer, con cierto sentimiento de esperanza, que el Presidente (que por cierto es constitucional y muchos no saben el porqué) Danilo Medina, decretó la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución en las escuelas, principalmente en las públicas. La disposición ejecutiva del Primer Mandatario está contenida en el Decreto Presidencial 310-16, del pasado día 5 de noviembre.

Es objeto de este sentimiento de esperanza porque constituye un paso importante hacia la enseñanza de los derechos fundamentales y la formación integral de ciudadanos en el país, pero ¿cuáles son los aspectos que deben llamarnos más la atención sobre la enseñanza de la Constitución y su régimen de control sobre la sociedad, ahora a impartirse en las escuelas? Tengo algunas observaciones que me complace poder compartir con ustedes.

La Constitución vigente en nuestro derecho público es la proclamada en 2015, técnicamente la misma proclamada en 2010, pero con la variante de la elección del presidente que, en el segundo texto, tendría un derecho de reelección indeterminado, pero de forma no consecutiva; en el actual, puede re-postularse una vez para no volver a aspirar al cargo o al de Vicepresidente.

Ya en el pasado la Cámara de Diputados, en la presidencia del santiagués Abel Martínez Durán (ahora alcalde de la ciudad corazón), había coordinado con otras instituciones, especialmente la Primera Dama y la Vicepresidencia de la República, acciones para motivar el conocimiento y reflexión sobre el texto constitucional en niños. Para ello, diseñaron y publicaron la Constitución Infantil, única en su clase en la historia educacional de la República Dominicana, pero nada nueva en Latinoamérica.

La educación basada en la Constitución en escuelas y centros secundarios, ya es una historia vieja en países como Argentina, Perú y México. España fue uno de los primeros países iberoamericanos en promoverla.

Una de las grandes razones por las cuáles, en la República Dominicana, no habíamos iniciado la enseñanza de la educación constitucional es francamente por la propia debilidad como instrumento jurídico que tiene nuestra Carta Magna, la cual ha sufrido, desde su primera redacción, al menos 30 reformas completas y unas cuantas decenas de reformas parciales (incluyendo la de 2015).

¿Cómo enseñar derecho constitucional en nuestras escuelas sin primero hablar de la historia del derecho constitucional en nuestro país? Parece ilógico pensarlo, pero es precisamente algo tan importante como enseñar la constitución, a su vez, algo que parece paradójico de enseñar. ‘¿Cuándo será la próxima reforma constitucional?’ Es algo que cualquier niño preguntaría luego de escuchar las tantas reformas que ha tenido nuestra Ley de Leyes.

Por otro lado, lejos del hecho de si vale o no la pena educar sobre la Constitución, ¿estamos preparados para hacerlo?

Más de la mitad de los docentes que educan en nuestras aulas (principalmente en las públicas), deben tener décadas en el sistema educativo. Muchos de ellos sobrepasan los 35 años de edad. Ubicando la media de edad de los docentes dominicanos en 40 años o 45 años, y suponiendo que la inmensa mayoría nació entre 1968 y 1982, ¿cuántas reformas importantes ha sufrido la constitución en este lapso? Otra cosa que deberíamos analizar es cuántos de nuestros docentes se han tomado unos minutos de su tiempo para leer la Constitución, interpretarla y analizarla.

Me pregunto en ese sentido si es verdaderamente posible educar sobre algo que ni siquiera nuestros docentes conocen. Desde que inicié mi educación primeria recuerdo que fui un rebelde con relación a una asignatura que, desde su nombre hasta su contenido curricular, me parecían inútiles: ‘educación moral y cívica’, que tiene otros nombres en función de la época y la política educativa.

Ya en aquel entonces, como en la actualidad, muchos de los docentes encargados de esta asignatura no podían hablarnos siquiera de cuáles son las funciones básicas de nuestros ayuntamientos o de nuestros diputados. Eso lo aprendí por cuenta propia o en la Universidad.

Es entonces cuando nos topamos con la siguiente disyuntiva: ¿cuál es el plan para enseñar la educación constitucional en las aulas? ¿Contrataremos abogados (que en su mayoría no tienen vocación pedagógica)? ¿O estamos buscando con esta medida llenar un vacío que nos muestra internacionalmente como una nación donde no se educa sobre la propia Constitución, por el solo hecho de ‘ponernos en la vanguardia’? Ninguna de esas preguntas es contestada por el Decreto Presidencial.

Si tuviera la oportunidad de hacer una sugerencia al Ministerio de Educación, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Educación, que me imagino está sumergido en el diseño de un Plan Nacional de Enseñanza Primaria y Secundaria de la Constitución, propondría formular un plan de educación constitucional, a un año, para una selección muy depurada de docentes de cada Distrito Educativo. Y dar mucha seriedad y carácter al tema. Si fallamos en nuestro intento de aplicar la medida, estamos maleducando a los futuros funcionarios públicos: a diputados que no sabrán legislar y a alcaldes que no conocen el concepto de ‘municipio’, por ejemplo. Eliminar el fallido intento curricular de ‘Educación Moral y Cívica’ e introducir ‘Enseñanza Constitucional’, debería ser una de las primeras medidas.

La enseñanza del texto constitucional debería, en ese sentido, ser un compromiso unificado de todos los sectores de la vida nacional: la familia, la iglesia, los municipios, los funcionarios de los diversos poderes, los medios de comunicación, las Juntas de Vecinos, los Partidos Políticos, la sociedad civil organizada. Pero tenemos una marcada división política y social de clases, donde la crítica no es admitida y la voluntad de los ‘jefes políticos’ es más convincente y realista que la propia realidad de las cosas.

La enseñanza constitucional supone, en conclusión, un nuevo reto para la educación social en la República Dominicana: desde lo moral, lo cívico, lo referente a la cosa del Estado. Esperemos que las autoridades competentes no lo tomen como una nueva medida vacía y otro intento fallido por hacer reformas estructurales serias al currículo educativo. Mantenernos vigilantes es nuestro rol ciudadano de cara a este nuevo proceso formativo para una generación de ciudadanos constitucionalistas que se empiezan a educar.
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