Agentes policiales cancelados en 2015 habrían cometido actos de corrupción

Santo Domingo.- Según relata PC, el 51% de los sancionados se excedieron en el uso de su autoridad, el 21% prestaron un servicio irregular ajeno a los protocolos y el 13% fueron expedientados por agresiones y uso desproporcionado de la fuerza en el control de las situaciones de peligro en la comunidad. El exceso de autoridad y las amenazas de muerte fueron también los principales motivos por los que la Institución policial envió a la justicia a 764 agentes el pasado año 2015.

En 2015, un total de 193 personas murieron como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado Dominicano, de las cuales 177 lo hicieron a manos de la Policía Nacional. En el año 2010, el 10% de los homicidios cometidos en el país fueron ejecutados por agentes policiales y en 2015 este porcentaje alcanzaba el 11% del total de muertes violentas en la República Dominicana. Aunque justificadas como muertes en defensa propia y “caídos” en intercambio de disparos, los representantes de PC denunciaron que estas ejecuciones extralegales son graves violaciones a los derechos humanos. Las comunicaciones de las autoridades policiales en las que se refieren a ellas como “antisociales caídos por la acción policial”, reflejan una actitud de justificación e impunidad gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.

Con respecto a las instituciones encargadas de investigar las violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional, los fiscales del Ministerio Público han de iniciar las averiguaciones pertinentes cuando le sean notificados hechos que podrían constituir delitos. Sin embargo, tal como manifestó la Oficina Nacional de Defensa Pública al Observatorio de PC, en la práctica, si la víctima o sus familiares no presentan denuncia formal es muy poco probable que se investiguen los hechos. Por el contrario, el Informe evidencia que el Defensor del Pueblo ejerció su potestad de control externo solicitando regularmente informes ordinarios semestrales y extraordinarios oportunos en cumplimiento de la ya derogada Ley Institucional de la Policía Nacional (art. 13, Ley No.96-04). En ellos, la Defensoría expresó su preocupación por los métodos represivos en las redadas barriales, exigió un mayor seguimiento a los casos de personas desaparecidas y mostró su indignación por los intercambios de disparos. En 2015 se tramitaron ante el Defensor del Pueblo 25 reclamaciones contra el Ministerio de Interior y Policía, la AMET y la Policía Nacional, denunciando actuaciones de sus funcionarios que lesionaban gravemente la libertad y la vida de las personas (20%), la seguridad jurídica (28%), la seguridad personal (16%), la libertad de expresión y manifestación (4%) y el libre tránsito (32%).

Participación Ciudadana destacó la importancia de aprovechar el nuevo escenario de la Ley No. 590-16 para emprender una reforma estructural de modelo y cultura de actuación en el que primen la profesionalización y la recuperación de la confianza ciudadana. Para alcanzar estos objetivos, la Institución deberá caminar hacia una Policía de proximidad con enfoque comunitario, orientada a la solución de problemas para prevenir el delito, más visible a la ciudadanía y respetuosa de los derechos humanos. En este sentido, los expertos presentaron los 6 desafíos para lograr el control efectivo y democrático de las actuaciones irregulares de las fuerzas de seguridad del Estado en la República Dominicana:

1- Fortalecer el compromiso con la transparencia de las instituciones de la seguridad ciudadana, facilitando en tiempo y forma los documentos públicos que solicita la ciudadanía para sus labores de monitoreo.

2- Fortalecer el control disciplinario interno en la institución para erradicar las prácticas corruptas de los agentes.

3- Democratizar la depuración policial, trasladando a la justicia todos los casos que constituyan violación de las leyes y superar el secretismo e impunidad de la institución policial.

4- Fomentar un cambio de cultura de intervención en los asuntos de la comunidad en el que primen el respeto a la integridad personal y material, erradicando el uso ilegítimo de la fuerza y el abuso de autoridad.

5- Exigir al Ministerio Público el cumplimiento de su deber de oficio de velar por el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en todas las situaciones en que resulten comprometidos por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

6- Incentivar la actitud proactiva y regular de control externo del Congreso Nacional y el Defensor del Pueblo, en materia de derechos humanos e institucionalidad democrática.