La sobrevaluación como práctica común

La reiteración de la práctica de la sobrevaluación ha hecho de ésta un ejercicio común para los funcionarios dominicanos. Hoy día, constatar que el Estado ha comprado tal o cual mercancía a un precio superior al del mercado, es una noticia cuasi habitual´

Que algo ocurra de manera usual, no debería restar importancia a lo sucedido. Sin embargo, las informaciones respecto a productos adquiridos por el Estado con diferencias exorbitantes entre el valor del bien en el mercado y el precio pagado por las autoridades resultan muchas veces escandalosas. Para muestra bastaría con citar la compra de los aviones Súper Tucanos, los cuales fueron adquiridos en Colombia por US$9.36 MM la unidad, la República Dominicana pagó US$11.62 MM por cada uno de ellos.

Pero no se trata solamente de sobrevaluación de aviones. En su momento también se denunció la alteración de los costos de construcción del edificio de la Suprema Corte de Justicia (a un costo de RD$1,047 millones), la del Palacio Bellas Artes, la de la Catedral de San Juan (en el Proyecto Portal Dominicano se informó que estos últimos trabajos se ejecutaron por US$13 millones, mientras el BID indicó que debieron costar US$2 millones). Lo mismo sucedió con el contrato del Imposdom, por US$4 MM, con las empresas HOST Chile, en los vagones del Metro (estimándose el pago en exceso de RD$2,206 millones), y en la presa de Monte Grande, entre otras denuncias hechas por instituciones ciudadanas y partidarias del país.

De todas estas prácticas habituales de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, resalta el caso de impacto negativo en el ambiente de las plantas a carbón de Punta Catalina, infladas artificialmente a poco más de 2 mil millones de dólares, y que luego de empezada su construcción, nos enteramos que los costos finales se situarían por encima de los 3 mil millones de dólares. Los cuestionamientos llegan más lejos, ya que de llegar a ponerse en funcionamiento las señaladas plantas, los gases emitidos producirán serios daños al medioambiente y a la salud. Por esto y no por otra razón el mundo ha decidido dejar de generar electricidad a partir del carbón.

El sociólogo y dirigente político Max Puig, uno de los más activos opositores a las plantas de carbón de Punta Catalina, ha insistido en que dichas plantas, además de afectar el ambiente, están sustentadas en una licencia ambiental otorgada de manera irregular. Puig ha precisado que el contrato de construcción de las plantas está siendo violado de manera grosera por el Estado al suministrar éste los fondos de construcción de manera irregular cuando los recursos necesarios para realización de la obra debieron ser procurados por la empresa Odebrecht y los demás contratistas de la obra.

Por su lado, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), estimó que la sobrevaluación de las plantas de carbón de Punta Catalina, sobrepasa los mil millones de dólares.