Santo Domingo, (EFE).- Arias Valera y Reyes están acusados de supuesta irregularidades en el ejercicio de sus funciones. El juez de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ramón Horacio González, condenó esta madrugada a tres meses de cárcel preventiva por presuntas actividades corruptas a ambos imputados.
Para Domínguez Brito, la medida de coerción en contra de ambos, representa "un gran paso de cara a la lucha contra la impunidad, la indiferencia en los casos de corrupción". A la vez, esto demuestra, señaló, que "que no puede haber perdón contra quienes cojan dinero para realizar sus funciones". "Creo que hay un pequeño triunfo y un paso de avance en procura de un estrategia de cambios de actitudes, reflexiones profunda, de cuestionamientos serios para que una vez y por toda cambie la cultura de impunidad que en la República Dominicana", sostuvo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó esta semana medida de coerción, consistente en prisión preventiva, en contra de Reyes y Arias. El mes pasado el Consejo del Poder Judicial dispuso la suspensión sin disfrute de salario y remisión a juicio disciplinario de los magistrados José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa. Sobre estos jueces se ciernen acusaciones de supuestas faltas graves en sus funciones como responsables de impartir justicia.
El procurador general, Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura, presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera, se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
El alto cargo sostuvo que Arias Valera es mencionado como la persona que supuestamente contactó e influyó, a cambio de alegadas altas sumas de dinero, para que la jueza Reyes Beltré emitiera varias decisiones, entre ellas la sentencia de hábeas corpus, mediante la cual ordena la libertad del regidor del municipio de Pedro Brand, Erinson de los Santos Solís (Ney), acusado de ser el autor intelectual de varios asesinatos.
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